El juez Castro investiga la reforma de la sede del PP

Reclama a la mayor brevedad a los populares las facturas de las obras entre 2002 y 2010 para averiguar si se pagaron de forma irregular

El juez José Castro, instructor del «caso Nóos», quiere investigar ahora una posible financiación ilegal del PP y ha reclamado al partido de oficio –sin que se lo pida la Fiscalía Anticorrupción– una relación de las obras de remodelación que se han llevado a cabo en su sede de la madrileña calle Génova entre 2002 y 2010. Del mismo modo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca insta al PP, en una providencia, a que «en el tiempo más breve posible» le identifique las empresas contratadas y subcontratadas que realizaron esos trabajos y las «facturas originales que acrediten su pago».

Castro ha adoptado esta decisión en el marco de la investigación de la supuesta adjudicación irregular del hospital de Son Espases, el buque insignia de los proyectos de infraestructuras del Gobierno de Jaume Matas. No en balde, se trata de la mayor obra pública de la historia de Baleares (el presupuesto inicial del complejo hospitalario superó los 778 millones de euros).

Fuentes jurídicas apuntaron que Castro pretende esclarecer si algunas de las empresas adjudicatarias en el proyecto de Son Espases realizaron a cambio reformas en la sede nacional como contraprestación por haber resultado beneficiarias del contrato público y si esos trabajos se pagaron de forma irregular.

Matas es uno de los ocho imputados en el «caso Son Espases», junto a Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora OHL, a quien supuestamente el ex presidente balear pretendía adjudicar la obra, que finalmente fue a parar a Dragados.

Las obras, judicializadas

La investigación judicial se puso en marcha el pasado septiembre con la querella presentada por el fiscal de Anticorrupción Pedro Horrach, que aprecia en la operación indicios de delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. Horrach hizo hincapié en su escrito en que la «perversión» de las adjudicaciones públicas alcanza en este caso «su máximo exponente».

La reforma de la sede del PP en Madrid entre 2005 y 2010 ya ha sido investigada por la Audiencia Nacional, que concluyó que la formación pagó en negro 1,5 millones a la empresa Unifica por esos trabajos. En el marco de la investigación de la «caja B» del partido –que el juez José de la Mata dio por acreditada entre 1990 y 2008–, el magistrado consideró al PP responsable civil subsidiario de los delitos fiscales que se habrían cometido en el pago del Impuesto de Sociedades (por parte de Unifica en 2007 y del PP, en 2008) por esos supuestos pagos en negro. El juicio está todavía pendiente de fecha.

Matas «manejaba los hilos»

En cuanto a las supuestas irregularidades en la adjudicación del proyecto de Son Espases, la querella de la Fiscalía Anticorrupción sostiene que, bajo una «falsa apariencia de corrección y pulcritud», en la operación han salido a la luz «maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias».

Horrach mantiene que Matas intenta influir en el resultado de la adjudicación «a través de subordinados para ocultar quién maneja los hilos». Utilizó, dice el fiscal de Anticorrupción, a esos «títeres complacientes» como «escudo protector» y, después, los abandonó «sin escrúpulos ni remordimientos».

Según el relato del fiscal, el ex presidente balear puso en marcha «fraudulentos ardides» para beneficiar a OHL, algo que, añade, conocían los responsables de la constructora, a quienes acusa de cooperar para conseguir ese objetivo. El mayor concurso público de la historia de las islas, subraya, «fue manipulado y pervertido» por orden de Matas. Eso sí, Horrach aún no ha podido constatar «si se solicitaron y abonaron comisiones o sobornos» en la operación.