Políticos y funcionarios «rendían pleitesía» a Granados

El juez Velasco ha imputado ya a 92 personas y tres empresas por los contratos que beneficiaron a la supuesta red corrupta.

Al ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y a su socio David Marjaliza, supuestos cabecillas de la «trama Púnica» de corrupción, les rendían «pleitesía» determinados «cargos públicos y funcionarios». Así lo cree el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga desde junio del pasado año esta presunta red de corrupción inmobiliaria implantada en Madrid y con ramificaciones en Murcia, Valencia y León. En la resolución en la que el instructor levanta parcialmente, por tercera vez, el secreto de las actuaciones, se relacionan las 92 personas y tres empresas imputadas en el procedimiento.

Las intervenciones telefónicas han confirmado, subraya el juez, «la frecuente utilización de las relaciones personales e influencias políticas» por parte de Granados y su amigo constructor Marjaliza «para conseguir la adjudicación fraudulenta de contratos públicos». En Valdemoro, por ejemplo, a través de diversas reuniones y «activas gestiones» con los ex alcaldes José Miguel Moreno y José Manuel Boza, el concejal de Hacienda y un arquitecto municipal, habrían conseguido «adjudicar determinados terrenos a empresas vinculadas» a Marjaliza «en detrimento de las arcas públicas».

La investigación del «caso Púnica» arrancó con una querella interpuesta por la Fiscalía tras descubrir varias cuentas en Suiza de Granados, Marjaliza y sus respectivas esposas, que pronto vinculó a «dudosas actuaciones y contrataciones» en varios municipios madrileños, sobre todo en Valdemoro, coincidiendo con el desempeño de algún cargo público por parte de Granados o con su «posibilidad de influir» en otros cargos «relevantes» de la Administración, «favoreciendo los intereses de determinados empresarios». Estas prácticas evidenciaban, añade Velasco, la «posible entrega de comisiones por la obtención de ventajas urbanísticas, dudosos traspasos de inmuebles» desde el Ayuntamiento de Valdemoro a empresas de Marjaliza y de Granados, que se habrían beneficiado de «importantes plusvalías», de la ventas de parcelas públicas infravaloradas en pleno «boom» inmobiliario y de la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a Marjaliza o a sociedades con las que, supuestamente, pactaba el pago de comisiones por su trato de favor. Y es que el amigo de la infancia del ex secretario del PP madrileño tenía la posibilidad de influir, dice el juez, en ediles, técnicos y otros funcionarios municipales.

Como ejemplo de esa pleitesía que rendían a Granados y Marjaliza políticos y funcionarios, Velasco hace referencia a un guardia civil que, según él, alertó al ex consejero de la colocación de una cámara de vigilancia frente a la sede empresarial de Marjaliza, a quien Granados trasladó la confidencia, lo que le permitió adoptar «todo tipo de precauciones con el consiguiente perjuicio para la investigación».

El «complejo entramado societario» creado por Marjaliza para su enriquecimiento ilícito, sostiene el instructor, se caracterizaba por un reparto de tareas y por abarcar «diversas áreas de negocio» en varios ayuntamientos. El constructor, además de mediar para que sus empresas resultaran beneficiadas, actuaba también como un «conseguidor» para otras sociedades (Alfedel y Cofely, entre otras) a cambio de una comisión. Así habría conseguido amañar adjudicaciones para la construcción y la gestión de colegios privados y concertados y contratos de eficiencia energética en ayuntamientos como Móstoles, Collado-Villalba y Parla.

Velasco también sitúa al empresario Alejandro de Pedro al frente de «un entramado de tráfico de influencias» con «continuos contactos» con autoridades públicas y políticas de las comunidades de Valencia, Murcia, Madrid (donde el juez ha imputado a los ex consejeros Salvador Victoria y Lucía Figar) y León «para la adjudicación de contratos públicos o para la prestación de servicios de reputación en la red para autoridades políticas, presuntamente abonados con cargos a las arcas públicas o utilizando la existencia de contratos públicos con terceras empresas».