El juicio oral fijará la pauta del pacto PP-Cs en Murcia

Los de Rivera tendrían que cambiar la exigencia de dimisión a los cargos imputados en casos de corrupción.

La crisis de Murcia –por la imputación de su presidente, Pedro Antonio Sánchez– ha puesto en tela de juicio la credibilidad de Ciudadanos en materia de corrupción. Tanto es así, que la formación naranja ya ha avanzado que renegociará la primera cláusula del acuerdo de investidura que rubricó en 2015 con el PP de la Región, concerniente al compromiso con la regeneración democrática, y que obliga a «separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial». El objetivo de la formación naranja es «aclarar la literalidad» de algunos aspectos en los que ha habido conflicto y «diferencias de interpretación», «para que no haya confusión, nadie se llame a engaño y nadie pueda decir una cosa y la contraria, que es lo que hizo Pedro Antonio Sánchez», según señaló ayer Albert Rivera, que da por «roto» el pacto de hace dos años.

Desde Ciudadanos aseguran que todavía no se han sentado a negociar la nueva redacción con el PP y evitan aclarar si su partido aceptaría ahora que el nuevo acuerdo fijase el momento de la dimisión en la apertura de juicio oral, como desean los populares «Ni nos lo hemos planteado», aseguran. Sin embargo, este momento procesal –el de la apertura de juicio oral– es el que la propia formación naranja estableció como límite para abandonar el cargo en la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, cuya toma en consideración se aprobó en febrero por el Congreso de los Diputados, y que se identifica como su ley estrella anticorrupción.

Ante la contradicción en la que entraba esta iniciativa legislativa con la petición de dimisión de Ciudadanos al ya ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, la formación naranja argumentó en su día que se trataba de un acuerdo «anterior y más exigente» y que, por tanto, «prevalecía sobre la propia ley». Ahora este hito temporal desaparece, al darse por roto el pacto, y por coherencia con la misma se prevé que sea la propia ley anticorrupción con sello naranja la que marque la pauta de los futuros posicionamientos de Ciudadanos en Murcia.

Lo que sí descarta Albert Rivera es que Ciudadanos acabe formando parte del Ejecutivo del Partido Popular en la Región. «No nos planteamos entrar en ese Gobierno», destacó antes de agregar que lo que se decidió en la Asamblea General de Cs es que la entrada en gobiernos de coalición no se produciría antes de las elecciones municipales y autonómicas previstas para 2019. Para la formación naranja lo prioritario ahora es que la comunidad autónoma «tenga estabilidad» y que los murcianos no tengan que seguir viendo cómo su región aparece siempre en las noticias vinculada a un tema de corrupción y a un presidente imputado por siete delitos.