El jurado, a revisión

La absolución de Raquel Gago del asesinato de Isabel Carrasco pese al veredicto del tribunal popular pone este sistema en el punto de mira

La sentencia por el asesinato de la ex presidenta de la Diputación Isabel Carrasco, en la que el magistrado-presidente del Tribunal del Jurado admitió un «error» por formular preguntas que incluían calificaciones jurídicas, ha vuelto a poner en primera línea la figura del Jurado, recogida expresamente en la Constitución, pero cuyo funcionamiento y veredictos han sido y son cuestionados desde diversos ámbitos jurídicos. No obstante, casi el 20% de las sentencias derivadas de pronunciamientos de jurados son posteriormente revocadas, total o parcialmente. Por ello, no son pocas las voces que piden «reflexionar» sobre esa institución y revisar los delitos de los que son competentes, existiendo un amplio consenso en que deberían excluirse aquellos que son especialmente técnicos, tales como malversación de caudales públicos o cohecho. En general, existe una sensación desde el ámbito judidicial, fiscal y de la abogacía de que es necesario abordar esa reforma.

Rafael Mozo, vocal de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y hasta muy recientemente magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, considera que, en líneas generales, la experiencia del Jurado ha sido positiva, entre otros aspectos porque ha hecho que los ciudadanos comprendan mejor la importancia y transcedencia que tiene administrar Justicia. Sin embargo, no duda en afirmar que el elenco de delitos respecto a los que tiene competencias para su enjuiciamiento «son excesivos y muchos son complejos». También alude a que los procesos por Jurado son excesivamente costosos y generan unos «gastos desproporcionados» y que el hecho de que tengan que emitir el veredicto en 48 horas tampoco es positivo, porque en ocasiones se requiere más tiempo por la complejidad del asunto. «Los procesos por jurado deberían reducirse a los delitos que exigen menos complicación técnica». Los asesinatos y homicidios, en su opinión, si deberían permanecer dentro del ámbito de competencias del jurado.

Desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura se sostiene que la complejidad del procedimiento suscita en la práctica un elevado riesgo de nulidades, lo que incide en ocasiones nuevamente en el incremento de la duración. Javier Ballesteros, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y miembro ejecutivo de la APM, destaca también el hecho de que la posición que ocupa el magistrado-presidente del tribunal del jurado, «al no poder asesorar en absoluto a los miembros del jurado, a riesgo de pecar de injerencia es otra razón que explica el debate que acompaña constantemente» al jurado. Y junto a ello, destaca el «riesgo de formación de prejuicios» que, especialmente en los supuestos mediáticos, «puede afectar a los jurados.

Emilio Frías, portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales, considera que «puede ser un buen momento» para revisar esta institución y de los delitos respecto a los que tiene competencias para enjuiciar. Aboga por limitarlos a aquellos donde prime la prueba o los de «valoraciones morales o sociales», pero excluir aquellos que tienen una «especial dificultad técnica». Además, sostiene que los delitos contra la vida también deberían excluirse de la competencia del Jurado, «porque muchos de estos casos se sustentan sobre indicios y para aquellos que no conozcan el mundo del Derecho es muy posible que les cueste hacer un razonamiento de la culpabilidad o no basada en indicios». Ignacio Espinosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y ex portavoz de Jueces para la Democracia, no duda en defender la existencia del Jurado, pero también admite que, al menos hasta el momento, su funcionamiento «no está dando buenos resultados».

Desde el mundo de la Abogacía se tiene esa misma sensación y opinión. En este sentido, Teresa Gimpert, decana del colegio de Abogados de Madrid, señala que el jurado es una figura muy controvertida «de la que se ha visto que hay que revisar cosas». Entiende que habría que revisar la fórmula en la que está instituido el jurado e incluso la posibilidad de cambiar el modelo puro existente a un modelo mixto. José Joaquín Gallardo, decano del colegio de Abogados de Sevilla, considera que uno de los puntos esenciales es la necesidad de exigir a los magistrados-presidentes del jurado «que cumplan su función exquisitamente», evitando que el jurado delibere cuando no hay pruebas de cargo suficientes o corrigiendo manifestaciones temerarias del jurado.

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