Cataluña

El PP tantea presentar a Albiol para poner en evidencia a CS

Anunciaria su candidatura para que corran los plazos de cara a unos nuevos comicios.

Sobre Inés Arrimadas llueven las críticas de populares y socialistas por «su inmovilismo» y «su falta de iniciativa» como vencedora de los últimos comicios autonómicos
Sobre Inés Arrimadas llueven las críticas de populares y socialistas por «su inmovilismo» y «su falta de iniciativa» como vencedora de los últimos comicios autonómicoslarazon

Anunciaria su candidatura para que corran los plazos de cara a unos nuevos comicios.

En el PP han empezado a estudiar los posibles escenarios que hoy pueden abrirse en el caso de que los letrados confirmen que no han empezado a correr los plazos para unas nuevas elecciones catalanas con la comparecencia del nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, en la que anunció la suspensión del Pleno convocado para investir a distancia a Carles Puigdemont. Y entre las salidas han puesto encima de la mesa incluso la idea de que sea Xavier García Albiol el que hiciera el gesto de anunciar su candidatura a la investidura para intentar que corran los plazos. Más que eso, sobre todo para dejar en evidencia la actitud de Ciudadanos (Cs), como lista ganadora de las elecciones, y de Inés Arrimadas, sobre la que llueven las críticas de populares y socialistas por «su inmovilismo» y «su falta de iniciativa» como vencedora de los últimos comicios autonómicos. Albiol no tiene ninguna posibilidad de conseguir apoyos, es sólo un acto testimonial con el que «poner en evidencia», subrayan en el PP, «la posición de Cs si se llega a una situación extrema».

De darse el supuesto de que los letrados entienden que no ha empezado a correr el reloj, Cataluña quedaría en una especie de limbo con el calendario en manos de los independentistas y de su negociación para buscar un acuerdo entre ERC y el grupo de Puigdemont. En los partidos constitucionalistas entienden que en Cataluña urge que se forme un gobierno, que se ocupe, como ayer mismo insistió Pedro Sánchez, de los problemas reales de los catalanes. El bloqueo político afecta a Cataluña pero también al conjunto de España porque hasta los Presupuestos Generales del Estado de 2018, y en consecuencia los de todas las comunidades, están en el aire a la espera de que se aclare el panorama catalán y se levante el artículo 155. El PNV no puede justificar el acuerdo ante su electorado en tanto no desaparezca la intervención de la Generalitat.

El Gobierno tiene muy poco margen para forzar por sí mismo que empiecen a correr los plazos en Cataluña si no hay candidato independentista o no se presenta otro alternativo. Cabría incluso ampliar el artículo 155 en el Senado, pero para eso haría falta otro acuerdo constitucionalista y otra votación.

No obstante, en el seno del independentismo, además de la contienda que están librando en Bruselas por la fórmula de la investidura, ya sobrevuela la división también en torno a los plazos. Y es que el informe de los letrados se ha convertido en un arma de presión para la candidatura de Carles Puigdemont
–prefiere que corran–, mientras que para Esquerra es el único refugio al que agarrarse para sacudirse todas las imposiciones y enfriar la investidura del ex president –aboga por que no corran–. De esta manera, según han apuntado todas las fuentes parlamentarias, el documento que están preparando los servicios jurídicos se aproximará más a la pretensiones de los republicanos, aunque al no ser vinculante, será la Mesa del Parlament o el presidente quien acuerde si lo asume o no.

Las mismas fuentes fundaron ayer la decisión prevista por los letrados en que se considera que el aplazamiento de la sesión parlamentaria no configura ningún «acto jurídico» como sí lo es un debate de investidura, lo que impide que se active la cuenta atrás para la convocatoria de unas nuevas elecciones. Así, dictarán que hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva las alegaciones sobre una elección a distancia de Puigdemont –previsto para marzo o abril–, no se podrá celebrar un Pleno.

En caso de que sea Torrent quien decida si asume el informe de los letrados, lo más natural es que lo acepte ya que desde ERC se está intentando esquivar por todos los medios la investidura de Puigdemont por las previsibles consecuencias penales. Su estrategia pasa ahora por dilatar al máximo los plazos para tratar de ir diluyendo la opción del líder de JxCAT y tenga las mínimas repercusiones electorales para sus intereses.

Sin embargo, desde JxCAT prefieren que sea la Mesa quien vote si asume o no el informe de los letrados. Para la candidatura del ex president es conveniente que corran los tiempos porque permite apremiar a ERC para que ceda a la investidura de Puigdemont, ya que en caso de que no lo haga, unas elecciones servirían para reforzar su victoria del 21-D dentro del bloque independentista y noquear a ERC. Fuentes de la lista del ex president aseguraron a este diario que defenderán que la actividad del Parlament no puede estar «paralizada».

En este sentido, encontrarán la complicidad del PSC, ya que la portavoz, Eva Granados, aseguró ayer que «los plazos deben de empezar a correr». Sin embargo, sobre este extremo todavía no se ha posicionado Cs –tiene dos miembros en la Mesa–, que prefiere mantener prudencia hasta que tenga en sus manos el documento de los servicios jurídicos. Si se inclinarán por la vía del PSC y JxCAT, sumarían mayoría y los plazos correrían: habría margen para una investidura hasta el 30 de marzo.