El sindicato de prisiones Acaip estalla por el saqueo de cuentas de la propia Ejecutiva

Afronta su congreso extraordinario entre denuncias cruzadas de malversación de fondos públicos y facturas falsas. Se acusan de no auditar las tarjetas durante 10 años y gastar miles de euros en ropa, juguetes o perfumería.

La guerra está servida. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), el sindicato de prisiones mayoritario en el sector, afronta la peor crisis de su historia. Desde mañana y hasta el miércoles celebra en un hotel del barrio de Ventas un Congreso extraordinario para, entre otras cosas, elegir a la Ejecutiva. Aunque todos creen que saldrán reelegidos los mismos miembros, la situación entre ellos es prácticamente insostenible aunque los afiliados no hayan sido informados de nada. O, en realidad, sólo de una parte. Este congreso también tiene como objeto valorar si se integran con UGT para tapar, precisamente, un escándalo económico de cifras desorbitadas y que tiene como protagonistas a la cúpula sindical.

Las acusaciones entre el Presidente, el Secretario General y el de Asuntos Económicos son muy graves. Se culpan entre ellos de haberse llevado cientos de miles de euros desde hace una década, de presentar facturas falsas o de, ni siquiera, molestarse en justificar gastos. Aunque estas prácticas parece que se venían desarrollando desde hace años de forma habitual (se trataría, por tanto, de un delito continuado) ha sido el expediente disciplinario abierto por parte de Instituciones Penitenciarias contra José Luis Pascual Criado -delegado de Asuntos Económicos- el detonante de todo. El pasado mes de octubre, el responsable de las cuentas del sindicato y líder del mismo durante unos meses, fue apartado del Cuerpo durante tres años por incompatibilidades. Consideraba Interior que no podía compaginar su actividad en organizaciones como Duero-Douro, que reciben subvenciones públicas, con su puesto como funcionario porque supone cobrar del Estado por dos vías.

Además, Pascual está investigado por haber malversado caudales públicos en su etapa como alcalde de Trabanca (Salamanca) y haber creado asociaciones para recibir subvenciones millonarias.

Y, aunque la guerra de Acaip no tiene nada que ver, en principio, con los problemas de Pascual con la Justicia y con la Administración penitenciaria, fue su expediente disciplinario lo que abrió la caja de Pandora y sacó a la luz todo este desbarajuste de cuentas. Así, el sindicato pasó de apoyarle públicamente (hicieron un comunicado en el que tachaban de “persecución sindical” la apertura de su expediente) a abrirle la misma Ejecutiva otro expediente disciplinario por “presuntas irregularidades contables”.

10.507 euros en ropa y juguetes

Pero fue Pascual quien tiró la “primera piedra”. Él denunció al Secretario de General de Acaip, Ignacio Hernández, por haber presentado facturas falsas por valor de 10.507 euros. La demanda se presentó ante un juzgado de Salamanca el pasado 26 de octubre, aunque ya había advertido de esta irregularidad al presidente de la entidad, José Ramón López. Lo hizo mediante un burofax enviado a principios de septiembre pero López no informó al Comité de Derechos y Garantías del sindicato ni apartó del cuerpo al presunto delincuente mientras la Justicia resolviera. Si lo haría, no obstante, con Pascual más adelante.

En su denuncia, Pascual acusa a Hernández de la “presentación sistemática de facturas manipuladas y falsificadas, aparentando gastos realizados para el sindicato y que, en cambio, corresponden con facturas de productos de índole personal totalmente ajenos a la labor sindical”. Se trata, según ha podido saber este diario, de compras que realizaba a través de Amazon. Según las mismas fuentes, Hernández “colocaba una pegatina en el concepto del detalle de la compra y ponía “'varios informática'”. Con esa excusa habría comprado, según las mismas fuentes, ropa y calzado de mujer y caballero, artículos de perfumería, ropa de niño, juguetes, electrodomésticos y hasta una cama con canapé.

El caso está siendo investigado en un juzgado de Instrucción de Salamanca y podría suponer un delito continuado de falsedad documental, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. Todo ello por valor de 10.597 euros “entre diciembre de 2013 y junio de 2018”, según la denuncia. “Pascual tiró muy a la baja. Fue como una primera advertencia para decirle a la Ejecutiva que estaba dispuesto a tirar de la manta y se descubriría todo el tinglado”, explica una fuente cercana.

La respuesta del secretario general ante esta acusación, fue otra demanda. Según las mismas fuentes, acusó a Pascual de usurpación al hacer creer que había entrado en su ordenador y había modificado las facturas. Pero esa demanda no habría sido admitida a trámite.

“Movimientos extraños en las cuentas”

Las acusaciones, no obstante, han continuado. El presidente de la entidad, José Ramón López, informó a los delegados sindicales de “presuntas irregularidades contables” por parte del Pascual. Según explicó a algunos miembros del sindicato en un comunicado remitido el pasado 14 de enero, López se habría personado el 2 de enero en el la oficina del sindicato de Salamanca “para comprobar la existencia de la contabilidad”. Dice que vieron entonces que “no estaban las cuentas de los últimos nueve ejercicios, referido a facturas, listados bancarios, recibos, correo bancario etc”. Tras solicitar al banco la consulta online de cuentas del sindicato, “empiezo a comprobar la existencia de movimientos extraños de más de 137.000 euros en 20 meses, posiciones financieras muy dudosas y un entramado de cuentas (más de 80) de difícil seguimiento”. De esta manera, ahora es el presidente quien acusa al responsable económico de “administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil”. Además, le abre un expediente disciplinario y le aparta de la Ejecutiva “hasta que se aclare la situación” pero no denuncia, sin embargo, en el juzgado.

“Esta guerra no es sólo por dinero, es una lucha de poder por hacer con el sindicato”, recalcan las fuentes.

Tarjetas sin auditar

Porque lo más significativo no son facturas falsas ni gastos personales pasados al sindicato. Es que, según fuentes próximas a la Ejecutiva, las tarjetas del sindicato a disposición del presidente estarían sin auditar desde hace 10 años. Podíamos hablar, según estas fuentes, de 200.000 euros. “Ni auditadas ni se han presentado facturas”, sostienen. Por eso, habría al menos 80.000 euros de difícil justificación; es decir, que no se han ido en dietas sino en otros productos personales.

La peor parte de todo este presunto robo ya no es sólo el supuesto mal uso que se ha hecho de las subvenciones públicas, sino los afiliados. Acaip llegó a tener más de 10.000 afiliados que pagaban unas cuotas mensuales que aportaban cerca de 100.000 euros mensuales. Ahora, se sienten estafados y este congreso será decisivo para determinar su futuro.