Empleo negocia con los agentes sociales más control de los cursos de formación

Empleo está negociando con los agentes sociales una reforma del modelo de los cursos de formación para mejorarlo y hacerlo más eficaz. Es una respuesta al escándalo por las irregularidades en el uso de las subvenciones recibidas, tanto las nacionales, en el caso de la Unión General de Trabajadores (UGT) procedentes de la Junta de Andalucía, como las que tienen su origen en Europa. Las informaciones sobre supuestas irregularidades cometidas por UGT han tenido incluso respuesta de Bruselas, que ha llegado a suspender las ayudas y ha abierto una investigación sobre el posible desvío de partidas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Si se confirma el fraude, las autoridades comunitarias exigirán la devolución del cien por cien del dinero recibido.

La reforma laboral aprobada en febrero de 2012 ya introdujo cambios importantes en la formación profesional para el empleo. El diseño y su planificación correspondía en exclusiva a las organizaciones empresariales y sindicales, pero el decreto ley añade una importante revisión: «Se reconoce a los centros y entidades de formación, debidamente acreditados, la posibilidad de participar directamente en el sistema de formación profesional para el empleo con la finalidad de que la oferta formativa sea más variada, descentralizada y eficiente». En la práctica esta redacción deja sin la exclusividad de la formación de los trabajadores a organizaciones empresariales y sindicatos.

Los cursos de formación que gestionan las centrales sindicales están en el centro de las sospechas por las informaciones en el caso de UGT, que apuntan a que ese dinero no se usaba para su fin asignado sino que terminaba en la caja del sindicato. Empleo quiere limitar su papel, y también el de los empresarios, en la formación, pero busca un acuerdo a tres bandas que satisfaga lo más posible a las partes que están sentadas en la mesa de negociación. Para el Gobierno, sería conveniente que los agentes sociales dejasen de ejercer un doble papel, el de planificadores del sistema y, al mismo tiempo, ejecutores de la formación y perceptores de los fondos. Menos capacidad de injerencia de los agentes sociales y más intervención de la Administración General del Estado.

La estructura de formación se sostiene en un complicado modelo en el que participan el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Fundación Tripartita (sindicatos, patronales y SEPE) y las comunidades autónomas. El presupuesto supera los 2.000 millones de euros, procedentes en su grueso de la cuota de formación del conjunto de las cotizaciones a la Seguridad Social.

El Gobierno ha planteado recientemente limitar el papel de sindicatos y patronal en el nuevo sistema de formación. En relación con este asunto, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, afirmó que quienes aportan los fondos para estos cursos, «que son las empresas», son los que tienen «que mandar en el tema».

«Nosotros, que pagamos el 0,7%, tenemos que decidir de una manera mucho más potente de lo que lo estamos haciendo hasta la fecha, y por tanto, que quien paga, tenga mayor posibilidad de mandar en el tema», abundó Rosell.

En este sentido, el máximo representante de la CEOE añadió que «quieren estar mucho más involucrados», y que «cuantos menos intermediarios tengan mucho mejor». «Queremos hacer un uso perfecto, exquisito y absolutamente eficiente de lo que nos gastamos en formación», enfatizó. «Quienes pagamos, lo que no queremos es que con ese dinero se haga un mal uso, y para eso se deben poner todo tipo de controles; pero con la clave del tema: pagamos los empresarios, queremos controlarlo los empresarios», concluyó.

PURGA INTERNA

Los cursos de formación que gestionan las centrales sindicales están en el centro de las sospechas por las informaciones que apuntan a que las cantidades asignadas para ello no se usaban para tal fin sino que terminaban en las arcas de los sindicatos. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido aclaración sobre este particular por parte de las centrales sindicales. El año pasado abundaron las informaciones sobre presunta corrupción y presuntas irregularidades en torno a la delegación andaluza del sindicato que dirige Cándido Méndez. En este sentido, UGT-A ha multiplicado por nueve su patrimonio propio en los últimos quince años.