Esquerra registra la comisión para investigar el presunto espionaje de Pegasus en el Congreso

Esquerra mete presión al Gobierno. Este jueves ha registrado ya la creación de la Comisión de Investigación sobre el presunto espionaje con Pegasus a líderes independentistas. La iniciativa ha sido registrada con la firma de los republicanos, además de Bildu y BNG: es decir, todos ellos son socios imprescindibles del Gobierno. Según el documento, la comisión será sobre "el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru, a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados".

La creación de esta comisión forma parte del acuerdo de Esquerra con el PSOE para la formación de la Mesa del Congreso: es decir, para que Francina Armengol recibiera los votos suficientes para ser elegida presidenta de la Cámara Baja. En Esquerra señalan que esta comisión está apalabrada con los socialistas y, por tanto, no esperan ningún freno a su plan. Además, los republicanos meten máxima prisa: la comisión debe haber emitido las conclusiones en junio de 2024, como muy tarde. Es decir, quiere evitar que se alargue demasiado y quede en un limbo parlamentario.

También cabe recordar que la intención de los independentistas es que las conclusiones que se deriven de las comisiones de investigación se introduzcan en la ley de amnistía.

Según el documento, hay siete objetivos con esta comisión de investigación: conocer "la implicación de las instituciones del Estado" en el presunto espionaje; conocer "la presunta responsabilidad" en el conjunto de los departamentos ministeriales con el espionaje; conocer al detalle todas las actuaciones del Ministerio de Exteriores en relación a las investigaciones llevadas a cabo de manera presuntamente ilegal de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero; conocer los contratos, costes y procesos de contratación de Pegasus; investigar "todas aquellas iniciativas llevadas a cabo desde las instituciones del Estado, a fin y a efecto de perseguir la disidencia política"; proponer y plantear "medidas de resarcimiento a todos aquellos afectados"; y, proponer "las medidas oportunas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos de la fuerza del Estado".

Esta será la tercera comisión de investigación impulsada por los independentistas en esta XV Legislatura, tras las dos que ha registrado Junts (apoyado por el PNV). La primera es sobre "el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017"; la segunda es sobre "la denominada 'Operación Cataluña' y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial".

Las tres comisiones de investigación estarán miradas con lupa porque han generado mucho revuelo por la respuesta que han dado los colectivos judiciales. Todas las asociaciones de jueces, de tendencia progresista o conservadora, hicieron un comunicado conjunto para recriminar al PSOE su acuerdo con Junts porque indicaba que se iba a investigar en el Congreso el "lawfare": es decir, se venía a acusar a los jueces de "persecución política". Los socialistas salieron de inmediato a matizarlo y a decir que, en ningún caso iban a poner en duda la actuación de los jueces.