Europa aprueba un informe demoledor contra el Gobierno de Sánchez, ante la iniciativa de la Confederación Española de Policía. Acusa a Marlaska de ocultar pruebas clave sobre los asesinatos de Barbate (la zodiac en la que asesinaron a los guardias civiles) y habla de “grave obstrucción” a la misión. Exige reinstaurar OCON-Sur, la unidad antidroga que Interior desmanteló antes de la tragedia.

La Confederación Española de Policía ha exigido la dimisión inmediata del ministro del Interior tras el informe aprobado por el Parlamento Europeo que respalda las reivindicaciones de la CEP y denuncia la falta de protección institucional a los agentes.

La Comisión de Peticiones dee la UE ha formulado, entre otras, las siguientes conclusiones:

--Subraya la urgente necesidad de reforzar la protección legal y laboral de las fuerzas de seguridad en toda la Unión Europea, incluyendo su seguridad física, condiciones de trabajo y garantías jurídicas. Insta a mayores inversiones en personal, equipamiento y apoyo psicológico, asegurando que los agentes puedan desempeñar sus funciones con dignidad.

–-Pide a la Comisión Europea que proponga una Directiva que clasifique a todas las fuerzas policiales de los Estados miembros como “profesiones de alto riesgo”, con todas las protecciones legales, económicas y laborales correspondientes (jubilación anticipada, protocolos específicos de salud y seguridad, y escalas salariales diferenciadas).

--Insta a los Estados miembros a reconocer a sus fuerzas policiales como profesiones de alto riesgo, otorgándoles las mismas garantías legales, económicas y laborales, incluyendo jubilaciones anticipadas, medidas de seguridad adaptadas y retribuciones diferenciadas.

--Reclama que los actos violentos contra agentes no queden impunes y que se consideren “eurodelitos”, con penas agravadas. Insta al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a impulsar una propuesta para incluir estos delitos en la lista de eurodelitos.

--Recomienda un enfoque integral que aborde las causas estructurales del narcotráfico, como el desempleo, la exclusión social y la falta de oportunidades.

--Insta a la Comisión y al Consejo a elaborar un informe conjunto con estadísticas armonizadas sobre agresiones y suicidios que evalúe las medidas de protección laboral y jurídica existentes en los Estados miembros.

--Toma nota de que el Gobierno español, en contra de la voluntad de las familias de las víctimas, ascendió en agosto de 2025 a los responsables de la operación en la que murieron dos guardias civiles en Barbate.

--Urge a los Estados miembros a garantizar la plena protección jurídica de los agentes que utilicen fuerza legítima, incluyendo armas de fuego, en el ejercicio de sus funciones, eliminando la inseguridad jurídica que impide a los agentes defenderse o proteger a terceros.

--Solicita la reinstauración o creación de unidades especializadas antidroga, como la desmantelada OCON-Sur en España, dotadas de financiación suficiente, personal estable y mandatos permanentes para operar en zonas fronterizas de alto riesgo.

--Condena la decisión del Gobierno socialista español de retirar pruebas clave antes de la visita de la delegación, en concreto la embarcación patrullera implicada en el asesinato de Barbate, lo que constituyó una grave obstrucción a la transparencia y a la finalidad investigadora de la misión.

--Apoya la designación del Campo de Gibraltar como “Zona Especial de Seguridad”, debido a la persistente presencia del crimen organizado y el elevado riesgo para los agentes. Recomienda financiación estructural y refuerzo de recursos humanos para estas zonas.