La familia del teniente coronel jefe de la UEI de la Guardia Civil ejercerá la acusación contra el que le disparó

La esposa e hijas del teniente coronel jefe de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil, Pedro Alfonso Casado, que falleció hace un año en la localidad de Santovenia de Pisuerga, Valladolid ,cuando trataba de convencer a un individuo, que previamente había asesinado a otra persona, van a ejercitar la acusación particular contra el agresor.

El teniente coronel recibió un disparo en la cabeza un disparo en la cabeza. Al acercarse a la puerta del piso donde se parapetaba, le disparó directamente a través de la puerta. El agente fue operado y se le extrajo la bala pero, finaalmente, falleció.

Los hechos estuvieron precedidos de una disputa vecinal. Durante la intervención, fueron identificados Dionisio A.P. y Carolina N.A. como las personas afectadas, quienes relataron que sus agresores residían en el mismo edificio. Posteriormente, Dionisio A.P. fue mortalmente herido por un disparo en el abdomen. Además, el agresor intentó atacar a Aitor A.N., hijo de Dionisio, quien logró escapar.

El acusado, identificado como Pablo Antonio S.H., alias “El Chiqui”, se atrincheró en su domicilio junto con un rehén y se negó a salir durante varias horas; aamenazaba con matar a alguien más y se escuchó un tiro en el interior de la vivienda. Fue el que alcanzó al teniente coronel.

El agente fallecido intentó negociar con el secuestrador durante varias horas hasta el momento en que decidió disparar a la altura de los cuerpos de los guardias desde el interior de su vivienda, tras la puerta de acceso, una vez que escuchó los movimientos de los agentes preparados para intervenir, informa APROGC.

Finalmente, tras la negociación llevada a cabo por otros guardias civiles, a cambio de hacerle entrega de metadona, el agresor se entregó sin oponer resistencia y fue detenido. La acusación, presentada por Francisco Peláez, de PenalTech Abogados, incluye cargos por delitos de asesinato, tentativa de asesinato, atentado contra la autoridad, secuestro, coacciones y tenencia ilícita de armas. Se solicita que el acusado sea condenado a penas de prisión por un total de 84 años, que van desde los 2 hasta los 25 años, según la gravedad de los delitos imputados. Además, solicita una indemnización para las víctimas del delito, esposa e hijas, por el daño moral sufrido y el lucro cesante que asciende a 600.000 €.

La defensa también destaca que el acusado carecía de licencia para poseer armas de fuego y que no se han identificado circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. El caso será llevado ante un tribunal con jurado y el abogado se suma a las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal y las demás partes personadas, que incluyen el interrogatorio del acusado y testimonios clave.