Fiscales alemanes y españoles se reunirán en La Haya por Puigdemont

El refuerzo de las pruebas y la cuestión prejudicial en Luxemburgo, sobre la mesa.

Fiscales españoles se reunirán hoy en La Haya (Holanda) con representantes del Ministerio Público alemán para abordar el procedimiento de entrega del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Tras la negativa del Tribunal de Schleswig-Holstein (Alemania) a autorizar la OEDE por el delito de rebelión, al no apreciar la existencia de violencia, la Fiscalía de nuestro país pretende reforzar las pruebas contra el líder independentista, pero no sólo por el delito de malversación (como le ha solicitado el tribunal germano antes de tomar una decisión), sino también por el de rebelión, para intentar que los magistrados germanos reconsideren su decisión (a la luz de los nuevos indicios aportados) o, ante la discrepancia con la Justicia española, acceda a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Se trata, según las fuentes consultadas, de «facilitarles más información para que sigan defendiendo su primer informe (en el que la Fiscalía alemana se mostró conforme con tramitar la entrega de Puigdemont por rebelión y malversación) con más elementos de prueba».

El artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea determina que el Tribunal de Justicia de la UE es competente para pronunciarse, con carácter prejudicial, «sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión». «Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros –continúa– dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Queja del ex president

La cumbre de fiscales con la OEDE como telón de fondo ha soliviantado a la defensa del ex presidente de la Generalitat. Según ha podido saber este periódico, Puigdemont remitió ayer mismo un escrito al Tribunal de Schleswig-Holstein instándole a reclamar las actas de esa reunión y que la Fiscalía alemana detalle en un informe por qué no se informó a su defensa de la misma, que en su opinión vulnera el principio de igualdad de armas en el proceso penal.

Según estas mismas fuentes, «la rebelión ya está resuelta y es cosa juzgada, por lo que en ningún caso se puede plantear una cuestión prejudicial que, en todo caso, está complicada porque el tribunal, que es el que debe dar ese paso, ha demostrado no tener ninguna duda al respecto».

La decisión del tribunal germano de limitar la euroorden contra Puigdemont sólo al delito de malversación, sobre el que ha solicitado más información al juez Llarena, no es recurrible, pero lo que pretende ahora la Fiscalía, con el auxilio de su homónima alemana, es que los magistrados reconsideren esa resolución tras examinar la documentación adicional que se va a poner a su disposición.

Los informes policiales incorporados a la investigación cifran en más de 300 los actos de «violencia y agresión» que se produjeron entre septiembre y noviembre del año pasado, en el momento álgido del procés: el asedio a la Consejería de Economía del 20 de septiembre del pasado año para impedir los registros judiciales; la jornada electoral del referéndum ilegal del 1-O; la huelga general de 48 horas después, el 3 de octubre y la posterior del 8 de noviembre y los escraches en varios municipios catalanes a las Fuerzas de Seguridad desplegadas para impedir la consulta.

En esos informes, el Instituto Armado asegura que los agentes tuvieron que enfrentarse «a grupos muy numerosos de personas perfectamente organizadas y mostrando una actitud muy violenta», una violencia que califica de «compulsiva acompañada de gritos e insultos», patadas y lanzamiento de sillas y piedras) y que, añade, contaba con el apoyo «logístico y humano» de los responsables de la Generalitat, con Puigdemont a la cabeza.

Sin embargo, el Tribunal de Schleswig-Holstein consideró «inadmisible» la existencia de un delito de rebelión.