El pasado 24 de septiembre, el instructor del «caso Begoña Gómez» acababa de recibir todos los correos electrónicos que se intercambiaron la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez, con el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio.

Ese mismo día, el juez Juan Carlos Peinado dictó una providencia con la que autorizó la entrega de esos mails a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que procediesen a su análisis y emitiesen el correspondiente informe.

En el documento de conclusiones, los investigadores debían adjuntar única y exclusivamente los mensajes «que guarden relación con la causa».

Es decir, en los que la alto cargo de Presidencia del Gobierno, desde su cuenta de Gmail, abordase con Doadrio cuestiones de la cátedra extraordinaria que la esposa de Pedro Sánchez codirigía en la Complutense.

Tal y como dejó claro el magistrado en su resolución, el informe policial que reciban las partes no debe contener ningún correo con «contenido personal que deba ser protegido» de Álvarez o del responsable de la UCM que ejercía de enlace con la cátedra para «garantizar el derecho a la imagen» de ambos.

Ese mismo día, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid libró oficio a la UCO para que acudiesen a por el contenido del buzón de la cuenta profesional de Doadrio en la universidad pública.

Y, solo un día después, el 25 de septiembre, el gestor procesal entregó a un guardia civil, que compareció en los tribunales de Plaza de Castilla, «un CD con las copias de los correos electrónicos remitidos» por el que fuera vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales.

Pero es que, además de este, esa jornada también se presentó ante el gestor procesal el fiscal que lleva la causa contra la pareja del jefe del Ejecutivo. «Interesando la copia de los mails remitidos por Doadrio».

Tras consultarlo con el juez Peinado, que dio su visto bueno, se le dio traslado, a las 09:50 horas, al representante del Ministerio Fiscal de una memoria USB con una copia del centenar de correos que la directora de Programas de Presidencia envió y recibió de Doadrio.

Tres horas y media más tarde, el fiscal José Manuel San Baldomero volvió a aparecer en la sede judicial. Compareció ante el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) para dar cuenta de que, al mediodía, «tuvo conocimiento del contenido de la providencia» en la que el juez Peinado mandaba a la Policía Judicial de la Benemérita los mails en cuestión.

«Dado el contenido restrictivo del traslado de los correos indicados a las partes (defensas y acusación popular unificada), procede a entregar, media hora más tarde, a las 13:30 horas, la memoria USB que contiene los archivos, a fin de que no se cause indefensión a las partes y en aras del principio de igualdad de armas».

Quiso, asimismo, dejar claro que «no se han copiado en ningún otro soporte» y en que en el mismo dispositivo que le fue facilitado «existen archivos y documentos personales».

Por esta última circunstancia, el fiscal madrileño interesó que la unidad de almacenamiento fuese «depositado para verificar su no utilización y la reserva de documentos personales».

Esta sucesión de acontecimientos con relación a los mensajes entre la asistente de la esposa del presidente viene a ratificar lo que ya publicó, en su momento, LA RAZÓN. Que el Ministerio Público había tenido acceso a los correos antes que los abogados de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho; el representante legal de Álvarez, el letrado José María de Pablo, y el abogado del Estado que ejerce la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

Tampoco se le dio trasladó, en aquel momento, de estas comunicaciones clave a la acusación popular, que lidera Hazte Oír, a través de su abogado, Javier María Pérez-Roldán.

Según ha podido confirmar este diario de solventes fuentes jurídicas, no fue hasta que pasaron cuatro días, el pasado lunes 29 de septiembre, que las partes del «caso Begoña Gómez» tuvieron en sus manos el informe de la UCO en que se revelaba que a lo largo de 121 correos la asesora del Ejecutivo había sacado adelante, a lo largo de tres años, gestiones de la ahora extinta cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva.

Pero es que, previamente, el sábado 27, tras la vistilla con la que el juez Peinado acomodó el procedimiento al tribunal de jurado, trascendió –de fuentes fiscales– que era un total de 121 los mails que fueron encontrados por los guardias civiles.

Sin que este dato estuviese, en cambio, recogido en el escrito de alegaciones que leyó el fiscal durante aquella comparecencia. La Fiscalía sí que pidió el archivo de la investigación sobre si hubo, en ello, una malversación de caudales públicos.