La Fundación Franco blinda sus estatutos ante la Ley de Memoria Democrática

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), la resignificación del Valle de los Caídos y consiguiente expulsión de los benedictinos del recinto –un real decreto fijaría el nuevo marco jurídico aplicable en Cuelgamuros–, junto con las exhumaciones de Moscardó y Milans del Bosch del Alcázar de Toledo forman parte del listado pendiente del Gobierno respecto a la Ley de Memoria Democrática, aunque la convocatoria electoral del 23 de julio ha paralizado todas estas iniciativas del Ejecutivo de coalición excepto una: los trabajos forenses para recuperar los restos reclamados por 130 familias en las criptas del Valle de los Caídos.

Aun así, la Fundación Franco, señalada expresamente por el presidente Pedro Sánchez, ha preferido mover ficha para blindarse en previsión de lo que pueda llegar. Teniendo como referencia la Ley de Memoria que habla de ilegalizar las asociaciones que hagan «apología del franquismo, ensalcen el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de sus víctimas», la FNFF ha optado por proceder a la modificación de sus estatutos, que ya retocó en 2018.

El cambio se presentó en el registro del Ministerio de Justicia el 26 de mayo, y afecta al artículo 6, donde se detallan sus fines. El punto 1 dice ahora textualmente: «Siguiendo la voluntad expresa de los fundadores, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 50/2002, la Fundación tiene como objeto básico, con el propósito de contribuir al esclarecimiento de la verdad histórica y la verdadera reconciliación entre todos los españoles: difundir y promover el estudio y conocimientos sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado español, capitán general y Generalísimo de los ejércitos». Asimismo, pretende «difundir y promover el estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977»; el «fomento y desarrollo de la educación, la investigación científica y técnica y de cualesquiera otras actividades culturales». Y, por último, se atiene a «la defensa de los fines anteriores tanto ante los medios de comunicación como ante las diversas administraciones públicas o instando la tutela efectiva ante la jurisdicción correspondiente».

En el desarrollo de sus actividades, la Fundación Franco asegura que «velará en todo caso por el máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo de la historia de España comprendido entre 1931 y 1977, evitando siempre el menosprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares».

Para la entidad, «se puede observar» así que «no hay ensalzamiento ni enaltecimiento de nada ni de nadie y se establece muy claramente que no hay ni menosprecio ni humillación de nadie. Solo el intento de contar el relato histórico». Hace hincapié en este aspecto precisamente para no infringir la Ley de Memoria Democrática.

Fuentes de la FNFF rechazan el término «apología». «Los expertos determinarán si lo es decir que en los 40 años de franquismo se fundó la Seat o se creó la Seguridad social; que venga Dios y lo vea». La Fundación rechaza la «damnatio memoriae» de la figura de Franco por el «afán revanchista» de Sánchez y «las fuerzas que le apoyan», y se declara «no como plataforma política» sino acorde a una entidad «con vocación histórica».