Giro de 180 grados del Gobierno: acercar y no cercar a los soberanistas

Los presupuestos marcan ahora las relaciones, pero «si hay ilegalidad habrá otro 155», dicen en Moncloa.

El contexto político ha sufrido un giro radical desde que hace un año Mariano Rajoy y Pedro Sánchez acordaran la implantación del artículo 155 en Cataluña ante la deriva ilegal del independentismo comandado por Carles Puigdemont. Se trató de una alianza de Estado, al más alto nivel y con negociaciones a la más baja frecuencia, casi secretas. Un grado de interlocución y confianza entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición que a día de hoy no existe. El entonces líder socialista, Sánchez, reconoció que tuvo que «morderse la lengua» en numerosas ocasiones para forjar una entente poderosa con Moncloa que hiciera frente al soberanismo, una estrategia que obligó al PSOE a dejar a un lado los intereses partidistas –por ejemplo, retiraron la reprobación a la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Congreso de los Diputados por las cargas del 1 de octubre– para establecer un frente común en defensa de la Constitución y la ley y en contra de quienes se habían propuesto violentarlas. A día de hoy, sin embargo, la entente de Sánchez es con aquellos partidos que optaron por la vía ilegal y se tejió bajo la consigna común de echar a Rajoy de La Moncloa.

El artículo 155 que se pactó hace un año tuvo un corte moderado. En parte porque los socialistas presionaron para que quedaran fuera cuestiones como la intervención de los medios de comunicación públicos y el objetivo se limitara a la convocatoria de unas elecciones autonómicas que dejaran el futuro de Cataluña en manos de los catalanes en lugar de en las del Gobierno central. En su día, esta intervención de la autonomía fue una decisión «traumática», aunque tuviera el aval constitucional, que obligó al PSOE a moldear su discurso. Pero con el bagaje que da la experiencia de lo ya vivido, en el actual Ejecutivo socialista han perdido el miedo a la aplicación de otro 155 si la situación se vuelve insostenible en Cataluña. Ya lo deslizó Sánchez en su última comparecencia en el Senado. «Si se sitúan fuera de la legalidad y de la Constitución este Gobierno actuará, como ya se hizo y como se hará si persisten en el error», advirtió al senador de ERC.

Fuentes próximas al Gobierno reconocen a LA RAZÓN que «el Gobierno valora aplicar un 155 agravado si la situación en Cataluña se vuelve insostenible». El condicionante de la frase es de capital importancia, ya que una nueva y más contundente intervención va en contra de la estrategia de diálogo que ha abierto Moncloa en los últimos meses. «No es una amenaza, pero deben saber que este Gobierno no va a permitir que se vuelva a pervertir la ley», aseguran, aunque inmediatamente apuntan que tienen la «confianza» de que también los independentistas aprendieron la lección de hace un año y no recorrerán el camino de la ilegalidad que, además de las consecuencias políticas, también las tuvo a nivel judicial. Por tanto, 155 «in extremis» sí, pero no descartado. No obstante, no es una variable que protagonice el discurso gubernamental, en contraposición con el otros partidos como el PP o Ciudadanos, el Ejecutivo está centrado ahora en acercar y no en cercar a los partidos soberanistas a los que necesita para aprobar los PGE.

Desde el Gobierno se defiende que la situación es «mejor» en Cataluña que hace un año, debido a la llegada de Sánchez a La Moncloa. El Ejecutivo ha optado por una estrategia de distensión con el independentismo, recuperando las comisiones bilaterales entre Estado y Generalitat que no se ponían en marcha desde hace años. A través de esta vía se está dotando de financiación extraordinaria a las instituciones catalanas como incentivo para que se abandone la vía unilateral. En concreto, con la aplicación de los Presupuestos, Cataluña recibiría una inyección de 2.200 millones de euros, que invitan a los partidos soberanistas a sostener al PSOE en el poder.

También en esto se ha producido un cambio sustancial respecto a hace un año, cuando el PSOE y Sánchez sostenían que no se podía gobernar con quienes quieren romper España. Ahora esta gobernabilidad pende del hilo independentista y el Gobierno hace equilibrios en ese alambre para lograr los 170 votos que necesita para aprobar las cuentas. Según avanzan fuentes del PSOE a este diario, la estrategia que Sánchez habría trasladado a los soberanistas tras la moción de censura es que estos le sostuvieran en el poder el tiempo suficiente para poder implantar políticas progresistas y ampliar su base electoral y ya tras concurrir a las urnas y ganar las elecciones, sentarse a hablar de qué forma se pueden cuadrar sus intereses –en la medida de ampliar el autogobierno– dentro del marco de la Constitución.

Pero para implantar su programa progresista el Gobierno tiene que aprobar las cuentas públicas que ha diseñado junto a Unidos Podemos. Moncloa también aquí mantiene una actitud condescendiente que complementa con píldoras de firmeza. «Deben saber dónde estamos», arguyen. En este contexto se encuadra la actitud del Ejecutivo en los últimos días. Apenas 48 horas median entre los pronunciamientos al más alto nivel de Sánchez y la vicepresidenta Carmen Calvo asegurando que no aprecian rebelión en la causa de los presos del «procés», en una medida de presión sin precedentes a la Fiscalía, y la decisión de recurrir al TC la reprobación del Rey llevada a cabo por el Parlament, a pesar de contar con el informe preceptivo en contra del Consejo de Estado. El Gobierno cree que los ataques a Felipe VI por parte del Parlament no son admisibles y constituyen «un nuevo intento de iniciar un proceso unilateral» que desemboque en la proclamación de la república catalana. Esta decisión, de paso, ha abierto fisuras con su socio prioritario, Pablo Iglesias, y un debate sobre «el futuro de nuestra democracia» que pasa por decidir entre Monarquía o República.