El Gobierno blinda el retorno de Puigdemont pese a las dudas de la Comisión de Venecia con la amnistía

El Gobierno trata de blindar la vuelta de Carles Puigdemont y, para ello, maniobra con el fin de evitar que la Comisión de Venecia ponga pegas a la ley de amnistía en el informe que está elaborando. Hay un punto de la norma que suscita muchas dudas jurídicas: es la capacidad que tienen los jueces para suspender un proceso judicial cuando estén aplicando la amnistía si presentan un recurso (cuestión de inconstitucionalidad) ante el Tribunal Constitucional. Y, en este sentido, en un escrito remitido a la Comisión de Venecia al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el PSOE niega que la amnistía «derogue» esa facultad de los jueces ante la preocupación mostrada por el órgano del Consejo de Europa.

Lo cierto es que la capacidad que tienen los jueces para paralizar la aplicación de una norma que creen puede ser inconstitucional, como ocurre en el caso de la amnistía, viene recogido en el artículo 35.3 de la Ley del Tribunal Constitucional. «El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida esta, el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión», señala el precepto.

En este sentido, en el punto 98 del borrador del informe de la Comisión de Venecia se solicita una aclaración sobre el artículo 10 de la ley de amnistía, que habla de que «las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos»: el órgano del Consejo de Europa pregunta si ese artículo 10 de la amnistía pretende «derogar singularmente» el artículo 35.3 de la Ley del Tribunal Constitucional.

«La respuesta es negativa. El segundo párrafo del artículo 10 de la LOA simplemente se refiere a que los recursos frente a decisiones judiciales que apliquen la amnistía no tendrán efectos suspensivos. No se refiere, por tanto, a los recursos que puedan plantearse frente al Tribunal Constitucional», contestan los socialistas. En este sentido, desde el PSOE y desde la defensa de Carles Puigdemont señalan que el artículo 35.3 de la Ley del Tribunal Constitucional no queda derogado: esgrimen que el procedimiento judicial podrá quedar suspendido hasta que se pronuncie el TC, aunque eso no quita que el juez debe alzar igualmente las medidas cautelares y, por tanto, permitir al expresident volver a España. En este sentido, el propio artículo 4.C. de la ley de amnistía recoge ese extremo: «La suspensión del procedimiento penal por cualquier causa no impedirá el alzamiento de aquellas medidas cautelares que hubieran sido acordadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley y que implicasen la privación del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas».

Fuentes de la defensa de Puigdemont señalan que la libertad de movimiento del expresident es un derecho fundamental que prevalece y, por tanto, a su juicio, mientras resuelve el TC, se deben de alzar las medidas cautelares. Esta circunstancia es la que permitiría a Puigdemont volver en julio y poder aspirar a una investidura, tal y como reivindica. Las mismas fuentes confían en que el redactado actual de la ley va a permitir una aplicación efectiva en el sentido de que los jueces no van a tener más remedio que retirar las medidas cautelares para que pueda pisar España libremente, sin riesgo a ser detenido.

La Comisión de Venecia va a elaborar el informe definitivo entre hoy y mañana, y ahí va a incorporar las alegaciones que pueden presentar instituciones (Senado, Congreso, partidos...). Esos argumentos se van a incorporar al informe preliminar que ya ha elaborado el órgano del Consejo de Europa y que se encargó hace un par de semanas de filtrar el Gobierno, haciendo una interpretación favorable a su tesis. La Comisión de Venecia es el órgano que se encarga de asesorar sobre estándares democráticos a los 62 países que forman parte de él (de ellos, 47 estados integran el continente europeo).

La Comisión se pronuncia a petición del PP, que trasladó la solicitud a la Mesa del Senado (órgano de gobierno de la Cámara Alta) para que lo tramitase. Una delegación del órgano del Consejo de Europa estuvo el pasado mes de febrero de visita en España.