Álvaro García Ortiz seguirá como fiscal general del Estado hasta 2027

Álvaro García Ortiz continuará como fiscal general del Estado hasta 2027. Así lo confirmará el Consejo de Ministros del próximo 28 de noviembre, según han informado fuentes gubernamentales a este periódico, que destacan su trayectoria profesional y su desempeño desde que asumiera el cargo a mediados del año pasado.

La decisión del Ejecutivo se ha conocido solo un día después de que la actuación de García Ortiz haya sido objeto de duras críticas por su reacción frente al contenido del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Un total de dieciocho fiscales del Tribunal Supremo le reclamaron más firmeza en la defensa de sus pares del «procés» ante lo que consideran que son «injuriosas insinuaciones» de «lawfare» (instrumentalización de la Justicia con fines políticos). Este polémico término figuraba en el contenido del pacto entre PSOE y los partidos independentistas para contar con sus votos. Y expresaron su decepción por la «falta de voluntad» de García Ortiz para salir al paso de esos ataques. A ello se suma otro revés en el alto tribunal: una sentencia consideró que García incurrió en «desviación de poder» cuando propuso a Delgado para ser nombrada fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del alto tribunal y anuló su ascenso. Tras este duro cuestionamiento, anuló el ascenso y ordenó que se repita la propuesta y el nombramiento en la más alta categoría de la carrera fiscal. Ahora cuenta con el apoyo del Gobierno que le confirma.

García Ortiz fue la mano derecha de la exfiscal general Dolores Delgado y fue su sucesor al frente de esta institución cuando ella presentó su dimisión por motivos de salud. Ambos forman parte de la Unión Progresista de Fiscales, organización que presidió entre 2013 y 2017.

Nacido en Salamanca, fue el fiscal del “caso Prestige” en Galicia, donde ha desarrollado gran parte de su carrera. Entre 2000 y 2002 fue Fiscal coordinador de la entonces Adscripción de Menorca. Tras ello, fue destinado a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela, donde en octubre de 2004 fue nombrado fiscal coordinador de Incendios de la comunidad autónoma. Posteriormente, entre 2007 y marzo de 2021, ejerció de fiscal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo, Ordenación del Territorio e Incendios Forestales. De esta etapa, destaca su informe de 2017 sobre el posible origen delictivo de los incendios. En 2020 ascendió a la categoría de fiscal de Sala y se incorporó al equipo de Delgado como fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Y en julio de 2022 fue designado al frente de la Fiscalía General del Estado.