Gobierno fallido

España no tiene un Estado fallido, sino un Gobierno fallido. No faltan recursos públicos estatales para enfrentarse a una catástrofe como la de la Comunidad Valenciana. Nuestro aparato estatal es fuerte y profesional, dispuesto a actuar si es necesario.

Ha sido el Gobierno de España quien ha demostrado que no está a la altura para dirigir esa maquinaría pública al servicio de los ciudadanos, que debe ser ajena a cálculos políticos.

La falta de contundencia y celeridad en la ayuda a la administración valenciana es hija de la polarización mezquina y el odio cainita que se ha instalado en los últimos años.

Es lamentable que no se vea entre los dirigentes el mismo humanitarismo y patriotismo que en la gente corriente, esa misma que ha ido voluntariamente a auxiliar a sus vecinos.

La rapiña no ha estado solo en los que han aprovechado la tragedia para robar a las víctimas, sino en la política. El Gobierno nacional se puso de perfil para que la opinión pública despedazara al gobierno autonómico de Mazón.

El modelo era el del Prestige: aprovechar un desastre para mostrar la mala gestión del gobierno autonómico y favorecer su erosión electoral. De hecho, Sánchez no ha activado el Plan de Emergencias, ni declarado el estado de alarma, ni convocado un consejo de ministros extraordinario.

Su propósito es mostrar que Mazón es incapaz de resolver el problema por sí solo, y por eso ha dicho que “si necesita más recursos, que los pida”.

La sensación es que el humanitarismo de este Gobierno de coalición progresista es de quita y pon, instrumental y sectario. La excusa para no actuar ahora, cuando es necesario, humano y patriótico, es torpemente leguleya.

El caso es tan absurdo que parece que a los valencianos les falta una póliza compulsada y dos timbres en el formulario de color sepia para recibir la ayuda estatal. El Ejecutivo da a entender que solo cuando Mazón confiese su incapacidad pondrá el Estado al servicio de las víctimas.

Hay también quien ha aprovechado para cargar contra la organización autonómica de España. No es el momento de criticar la Constitución, pero ya se sabe que la frase favorita de este país es el siempre inoportuno “Ya te lo dije”.

La catástrofe natural habría sucedido igual, y los errores en la previsión son humanos, no premeditados para causar daño. La coordinación es posible con la legislación existente y la voluntad necesaria, pero no han querido.

¿En serio que el Gobierno de España no se atrevió a enviar militares y policías nacionales al lugar de la tragedia para evitar un supuesto choque institucional con un gobierno autonómico?

Hablamos del mismo Ejecutivo que ataca a los jueces, al Tribunal Supremo, al Senado y a cualquier institución que se cruce en su camino, y asume las consecuencias. La verdad es que no enviaron fuerzas públicas porque no quisieron. Recordemos que Sánchez declaró el estado de alarma en Madrid en octubre de 2020 sin la petición de Ayuso. Es una cuestión de voluntad.

Sánchez ha esperado cuatro días para reaccionar y tomar alguna medida para dejar que el caos crezca, que el efecto en la opinión pública sea devastador, y luego, acusar de negligencia al PP de Mazón. No hay justificación alguna para esa tardanza, al menos una razón que no nos parezca mezquina y oportunista.

Si es, como ha dicho Sánchez, “la inundación más grave que ha visto Europa en lo que va de siglo”, es un auténtico crimen no

haber hecho nada durante tanto tiempo para ayudar a la gente. Tampoco es de recibo que culpe al cambio climático y que este Gobierno no haya abordado infraestructuras para enfrentarse a catástrofes naturales.

Ahora lo que nos ocupa es el dolor y la puesta en marcha de un plan de recuperación. Ya habrá tiempo para saldar responsabilidades en la gestión, aunque de buen seguro nos avergonzarán las acusaciones mutuas, las mentiras y las ocultaciones.