La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado este miércoles la concesión de tres nuevos terceros grados penitenciarios a presos de ETA condenados por delitos de sangre. La asociación acusa al Gobierno vasco, tras asumir las competencias penitenciarias, de impulsar una política de beneficios sistemáticos a condenados por terrorismo sin exigirles colaboración con la justicia ni muestras de arrepentimiento.

Los beneficiarios de esta medida son Gregorio Escudero Balerdi, Ibai Arza Beovide y Unai Bilbao Solaetxe. Todos ellos fueron condenados por atentados mortales perpetrados por la banda terrorista ETA y han accedido ahora a un régimen de semilibertad, que les permite pasar menos tiempo en prisión y más fuera de ella, pese a la gravedad de sus crímenes.

Gregorio Escudero y Unai Bilbao participaron en el asesinato del concejal socialista Juan Priede, ocurrido el 21 de marzo de 2002 en Orio. Priede, viudo y padre de tres hijos, fue asesinado a sangre fría con un disparo en la nuca mientras se encontraba en un bar. Además, Escudero fue uno de los autores del atentado que acabó con la vida de José Ignacio Iruretagoyena, concejal del Partido Popular en Zarautz, el 9 de enero de 1998, mediante una bomba lapa colocada en su vehículo.

En su comunicado, la AVT afirma que esta decisión supone una nueva forma de revictimización para los familiares de las víctimas del terrorismo. “Podrá ser legal, pero no es moral. Esto es una humillación constante. ¿Qué clase de país permite que quienes mataron a sangre fría hoy paseen con total impunidad, mientras los familiares no pueden ni cerrar el duelo?”, denuncia la asociación.

Según datos recopilados por la AVT, actualmente hay 134 presos de ETA cumpliendo condena en cárceles españolas. De ellos, solo 44 permanecen en régimen ordinario o cerrado. El 68 por ciento restante goza de algún tipo de beneficio penitenciario. Concretamente, 51 se encuentran ya en tercer grado —régimen que permite salir durante el día y volver a dormir en prisión— y 22 están en libertad condicional. Otros 17 disfrutan de flexibilizaciones del cumplimiento de la pena bajo la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

La mayoría de estos presos se encuentran en prisiones del País Vasco, bajo control del Ejecutivo autonómico. Para la AVT, esta concentración no es casual: “Desde la transferencia de las competencias penitenciarias, el Gobierno vasco ha acelerado el ritmo de concesión de beneficios sin exigir ni una sola condición real de colaboración”.

La asociación también denuncia la reducción de subvenciones y apoyos institucionales a las víctimas, lo que consideran una estrategia deliberada para acallar su voz. “Mientras nos recortan recursos, se permite que quienes asesinaron a nuestros familiares vayan recuperando la libertad sin mostrar ni arrepentimiento ni intención de reparar el daño causado. Nos están empujando al olvido”, afirman.

La AVT ha solicitado que el fiscal Carlos García Berro valore la posibilidad de recurrir estas decisiones. En paralelo, la organización insiste en que el Estado debe garantizar el cumplimiento íntegro de las penas para los delitos de terrorismo, sin atajos ni concesiones políticas.

“Estamos pasando de ser víctimas del terrorismo a ser víctimas del sistema. No vamos a callar”, concluye el comunicado.