Griñán admite irregularidades en los ERE al llegar la causa al Supremo

Los dos ex presidentes piden declarar ante el Supremo para poner fin a su «indefensión». Alaya implica también a Zarrías y a Moreno, al extender el fraude a su etapa de consejeros

José Antonio Griñán y Mar Moreno ocupan un escaño en la Cámara Alta
José Antonio Griñán y Mar Moreno ocupan un escaño en la Cámara Alta

Los dos ex presidentes piden declarar ante el Supremo para poner fin a su «indefensión». Alaya implica también a Zarrías y a Moreno, al extender el fraude a su etapa de consejeros

Después de negarlo por activa y por pasiva, el ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán no tuvo más remedio que admitir por primera vez y de forma abierta que en el «caso de los ERE» hubo «un procedimiento irregular por el que se permitió que se produjeran delitos». Lo hizo en una entrevista en Canal Sur Televisión, tan sólo horas después de que el Tribunal Supremo (TS) haya recibido la causa que investiga el caso de los expedientes de regulación fraudulentos. El antecesor de Susana Díaz en la Presidencia de la Junta aseguró estar «tranquilo», fundamentalmente, porque «ha terminado un periodo largo de indefensión en donde, bueno, te señalaban y no te podías defender». «Ahora ya están señalando y yo puedo hacer las alegaciones correspondientes, que no son pocas, ante el TS y pediré comparecer voluntariamente», añadió Griñán, quien quiso dejar claro que «nadie de los aforados se ha llevado ni un euro. No ha habido ni una sustracción de recursos públicos», aseveró.

En la misma línea se pronunció el otro ex presidente señalado, Manuel Chaves, quien también aseguró que quiere ir a declarar «voluntariamente» ante el Supremo, entre otras cosas, porque tiene la «conciencia absolutamente tranquila». «No tengo ningún tipo de problema, por tanto, a partir de que el TS asuma la competencia del tema, estoy dispuesto a declarar voluntariamente porque tengo una absoluta tranquilidad de conciencia», e insistió en que mientras fue presidente de la Junta de Andalucía «todas las decisiones políticas han sido decisiones legales y en ningún momento ha habido ni confabulación ni conspiración de nadie para que otros pudieran delinquir». De ahí, que se haya mostrado «totalmente convencido de que eso el Supremo lo acreditará», informa Ep.

La jueza Mercedes Alaya había apuntado ya en dos ocasiones que había indicios para investigar a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y al ex consejero José Antonio Viera. Pero la sorpresa ha venido porque también considera que hay motivos para que el TS investigue a Mar Moreno, consejera de Presidencia entre 2010 y 2012, bajo el mandato de Griñán, y Gaspar Zarrías, quien ocupó ese mismo cargo con Chaves al frente de la Junta, por el fraude de los falsos ERE. Hasta ahora, Alaya no les había citado en ninguna resolución.

Sin embargo, su inclusión en la exposición remitida al Supremo vendría motivada por el hecho de que la investigación se ha ido ampliando conforme se iban obteniendo más pruebas y conexiones entre consejerías. El periodo de mayor abundancia de uso ilícito de grandes partidas públicas se sitúa entre 2001 y 2010. El TSJ de Andalucía declaró nulas las ayudas en ese periodo. No obstante, Alaya ordenó ampliar la investigación hasta 2012. Recientemente, a mediados del pasado julio, reclamó a la Junta información sobre las ayudas concedidas en 2011 y 2012. En ese tiempo, la titular de la consejería de Presidencia era Moreno. Tras ella, Susana Díaz accedió al cargo de consejera de Presidencia hasta su nombramiento como presidenta.

Ahora, corresponderá a la Sala de Admisión del TS resolver si hay indicios contra los nueve aforados a los que hace referencia Alaya en su exposición razonada, sólo respecto a algunos de ellos o decide devolver la causa para que continúe la investigación. Esto no sucederá, según fuentes jurídicas, hasta finales de septiembre. Hasta ese momento, deberán cumplimentarse varios trámites. En primer lugar, la actual Sala de Admisión, que preside todavía Juan Saavedra, dictará una providencia el 1 de septiembre dando traslado a la Fiscalía de la exposición razonada y de toda la documentación –22 tomos y algunos CD– remitida por la magistrada. Hasta ahora, el Ministerio Público había solicitado a Alaya, hasta en cuatro ocasiones, que remitiese la causa al Supremo en lo que afectaba a los dos ex presidentes andaluces y a otros cinco ex consejeros. Con ese informe en su poder, la Sala resolverá si avala a la instructora, ya sea total o parcialmente, y decide investigar la conducta de los aforados. En ese supuesto, se nombrará a un instructor, que será el encargado de realizar las diligencias oportunas.

La duda estriba en si la decisión será adoptada por la Sala con su actual configuración o lo hará ya con un nuevo presidente, pues todo dependerá de cuándo remita el fiscal su informe y resuelva la Sala. Sobre esta cuestión, fuentes jurídicas señalaron que lo «lógico» es que una resolución de esta trascedencia sea adoptada ya con el nuevo presidente de la Sala Penal y no con quien va a ser sustituido en un breve plazo.

La jueza Alaya, en su resolución del pasado 18 de diciembre, donde los «preimputaba», aludía directamente Chaves y Griñán y a los indicios existentes, que han sido recogidos en su exposición remitida al Supremo. Así, respecto a Chaves, señalaba que todas las modificaciones presupuestarias para que, de esa forma, se pudiese llevar a cabo una «actuación continuada de concesión de ayudas al margen de lo establecido» fueron aprobadas «por el Consejo de Gobierno, constituido por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el resto de consejeros, a propuesta de la consejera de Hacienda», entonces Magdalena Álvarez.

Respecto a Griñán, destaca sobre todo la declaración del interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, quien manifestó a la jueza que «sabía que el consejero de Hacienda –Griñán– no sometió formalmente el contenido de los informes definitivos de cuentas anuales y de cumplimento al Consejo de Gobierno». En esos informes ya se advertía de las irregularidades en las concesiones de esas subvenciones.