La Iglesia, en el jurado que elegirá la propuesta para resignificar Cuelgamuros

Ya se conoce la composición del jurado que estudiará las 34 propuestas presentadas al concurso de ideas para la resignificación del Valle de Cuelgamuros y elegirá el proyecto ganador. Lo ha hecho público el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través de la plataforma de contratación del sector público.

En su composición, en la que figuran miembros del Gobierno, llama la atención la inclusión de un representante de la Iglesia católica, que se había desvinculado de esta iniciativa, y profesionales como el arquitecto británico David Chipperfield y la artista española Cristina Iglesias.

Secretario de Estado

El jurado está presidido por el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero; y contará con otros miembros del Gobierno, como el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

También habrá representantes del Ministerio de Cultura (Jordi Martí), del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional (Luis Pérez) y dos más del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana: María Teresa Verdú y Elena Calama, que ejercerá como secretaria del jurado.

En representación de la Iglesia católica figura el delegado de Liturgia del Arzobispado de Madrid, Daniel Alberto Escobar Portillo, y hay también profesionales de prestigio a propuesta del Ministerio de Vivienda y del Consejo Superior de Colegios de arquitectos de España. En concreto destacan, además del citado Chipperfield, Fuensanta Nieto y María Langarita, mientras que el investigador experto en antropología Francisco Ferrándiz –que dirige el equipo forense que trabaja desde 2023 en las criptas del Valle de los Caídos– ejercerá como asesor técnico.

Este jurado será el encargado de seleccionar el proyecto ganador para transformar Cuelgamuros, en un proceso a dos vueltas entre las 34 propuestas recibidas en el concurso internacional de ideas, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el pasado 30 de junio.

La inminente participación de la Archidiócesis de Madrid se ha calificado como golpe mortal a la pervivencia de la Basílica de la Santa Cruz y de la comunidad benedictina.

Acuerdos vigentes

El pasado mes de abril, la CEE emitió un comunicado de prensa manifestando que «la Iglesia Católica nunca ha sido promotora ni impulsora de las actividades de resignificación que el Gobierno de España quiere llevar a cabo en el Valle limitándose a salvaguardar los acuerdos vigentes desde el inicio ante las intervenciones estatales. El Gobierno toma la iniciativa lanzando un concurso de ideas sin contar con la Iglesia acerca de los pormenores o cuestiones que deberían ser concretadas con anterioridad, por si no se respetan los espacios y la sensibilidad religiosa».

Aunque el mismo comunicado hizo referencia a que «una persona propuesta por la Iglesia católica revisará el proyecto final ganador del concurso antes de su ejecución para asegurar que los acuerdos son respetados y las intervenciones son acordes con las normas litúrgicas», ese poder de revisión ha quedado reducido a la inclusión del padre Daniel Escobar Portillo, delegado Episcopal de Liturgia, como uno de los doce miembros de un jurado relativo a un concurso «preñado de irregularidades técnicas y jurídicas, pero sobre todo con la clarísima intención, literalmente expresada en los pliegos, de profanar y violentar la sacralidad de un templo unilateralmente», según fuentes con interés en el Valle que prefieren el anonimato.

Un concurso, que habilita «la profanación de la capilla del Santísimo, la nave central, y el resto de capillas dedicadas a la Virgen, entre otros elementos. La Iglesia pasaría así de tener un poder de revisión del proyecto a un voto en un jurado», es su conclusión. Además, añadir a un representante de la Iglesia en el jurado «funciona como aval de su decisión, pues se entiende que el voto final, alcanzado por mayoría, justificará las acciones subsiguientes del proyecto ganador».

Con la inclusión de un miembro de la Archidiócesis en este jurado «se pierde toda posibilidad futura de enfrentarse a la resignificación unilateral de un recinto sagrado por parte del poder político. Participar en el jurado es el equivalente a un asentimiento y conformidad con la resignificación», apuntan estas fuentes. Ante la publicación oficial de esta «sorprendente participación de la Archidiócesis de Madrid en dicho jurado, el cardenal Cobo debería aclarar si ha sido notificado y ha dado, o no, su consentimiento. En el caso de haber aceptado, además de ligar su destino al de un proceso flagrantemente irregular y al de un Gobierno al que la propia CEE ha pedido un adelanto de elecciones por razones comprensibles, supondría inevitablemente la profanación de la Basílica de la Santa Cruz, la salida de la comunidad benedictina y el final del Valle de los Caídos como lugar de culto y religioso», denuncian.