Llamada al Papa a frenar la “injerencia del Gobierno en el Valle de los Caídos”

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha trasladado oficialmente a la Secretaría de Estado del Vaticano su profunda preocupación ante las recientes actuaciones del Gobierno de España sobre la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en una carta remitida al cardenal Pietro Parolin.

Esta institución envió la misiva el pasado 13 de mayo a monseñor Parolin, cuyo secretario ya ha confirmado la recepción de la solicitud y actualmente trabaja en dar una respuesta.

La presidenta del Observatorio, María García, considera que León XIV "debe tomar cartas en el asunto para frenar los intentos del Gobierno español de acabar con el Valle".

García señala que la actuación del Ejecutivo en estos meses "es una injerencia a la libertad religiosa y de culto".

"El Gobierno, en un ejercicio de imposición ideológica, forzó la salida del prior benedictino", que quedaría acreditada por las palabras del ministro de Presidencia, Feliz Bolaños, al reconocer que “el Gobierno había trasladado a la Iglesia la necesidad de que un prior ajeno a los valores democráticos fuera relevado”.

La carta denuncia además que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está impulsando un plan de resignificación que supondría, en la práctica, la desacralización de un lugar de culto y la eliminación de símbolos religiosos fundamentales, como las estaciones del Vía Crucis".

Además, el OLRC recuerda que el único espacio que no se planea reformar es el altar, de tal forma que según el Gobierno podrán “resignificarse” todos los demás espacios de la Basílica Pontificia de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

La presidenta del OLRC recuerda que en el interior de la basílica descansan los restos de casi 35.000 personas, incluidas 70 beatificadas por la Iglesia católica, "por lo que la resignificación del lugar podría suponer incluso la profanación de sepulturas, algo de extrema gravedad para los católicos y para el respeto a la memoria de los fallecidos".

Según García, las actuaciones del Gobierno "contravienen los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, que garantizan la inviolabilidad de los lugares de culto y su carácter sagrado, y representan una vulneración directa de la libertad religiosa y de culto de la Iglesia católica y de los derechos de sus fieles".

"Pedimos al cardenal Parolin que salvaguarde la dignidad y el carácter religioso del Valle de los Caídos. La libertad religiosa es un derecho fundamental que no puede estar sujeto a la voluntad política del momento", concluye.