Interior se defiende y afirma que sus contratos fueron legales

Durante la inauguración de una comisaría esta mañana en Córdoba, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Sánchez, ha defendido la legalidad de los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia del COVID-19 por parte del Gobierno. De esta manera, el Ejecutivo trata de defenderse del reciente escándalo del "Caso Koldo", que ha puesto en entredicho la legalidad de sus actuaciones.

Ha declarado que todos los contratos de compra de mascarillas, "durante la pandemia y después de la pandemia" tramitados en el Ministerio del Interior se han realizado "de acuerdo a la legalidad, de acuerdo a las exigencias legales vigentes", según ha informado EuropaPress. Pérez ha insistido en que las actuaciones del Gobierno son sometidas a una "doble fiscalización": por una lado, "por parte de la Intervención General del Estado", y por el otro, por la "entrega de todos estos contratos al Tribunal de Cuentas".

Según el secretario de Estado de Seguridad, ninguno de estos dos órganos manifestaron que existiese ningún problema en los contratos de compra de mascarillas.

Cuando fue preguntado acerca de la declaración que ha tenido que prestar ante la Guardia Civil en el marco del "caso Koldo", Pérez ha asegurado que "como juez de profesión, soy extremadamente escrupuloso a la hora de respetar los procedimientos judiciales". A modo de defensa ha asegurado que, como "todas las actuaciones judiciales son secretas", no se puede pronunciar sobre "diligencias que, a nivel policial o judicial, se hayan podido practicar", independientemente de que "se haya decretado el secreto o no de las actuaciones".

Hace unas horas se daba a conocer la petición del PSOE al exministro de Transportes y actual diputado, José Luis Ábalos, de que entregase su acta de diputado. Por el momento, Ábalos se ha resistido a ello, abandonando tan solo su papel como presidente de la Comisión de Interior. Pérez ha opinado al respecto que desde el Gobierno "hemos entregado, entregaremos, facilitaremos y colaboraremos con el procedimiento judicial a todos los requerimientos que nos hagan tanto desde Fiscalía, como desde la Autoridad Judicial".

Posturas de condena ante la corrupción

El secretario de Estado de Seguridad ha añadido también que "tolerancia cero con la corrupción, con lo cual, si se tiene la más mínima duda, y como bien han expresado el presidente del Gobierno y la vicepresidenta primera, cada uno tendrá que tomar las decisiones al respecto". Según sus palabras parecería que, al menos de cara a la galería, pretenderían no proteger y "dejar caer" a cualquier miembro del Gobierno que incurriese en delitos de cualquier clase.

Esta argumentación va en consonancia con los reproches que están haciéndole sus socios de gobierno. Es el caso de Yolanda Díaz, que desde la red social "X", declaraba al respecto del "Caso Koldo" que "hay que condenarlo y depurar responsabilidades"; o de Mónica García, que expresaba en la misma plataforma su deseo de "que se llegue hasta el final y caiga del primero al último".

Pérez ha constatado también que "no tendrá ningún tipo de inconveniente" para hablar sobre su relación personal con Koldo García, pero, eso sí, "en el momento en el que termine el procedimiento judicial", ya que ahora, al "formar parte de un procedimiento judicial y por respecto del mismo", no se ha querido comunicar en ese aspecto.