Interior insiste en que esta Ley de Seguridad Ciudadana no busca «sancionar más»

Entre canciones de «Eskorbuto», «Golpes Bajos», «Jarcha» y algún que otro espectáculo, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana comenzó ayer formalmente su andadura parlamentaria. Ayer tocaba el debate de las nueve enmiendas a la totalidad presentadas por toda la oposición, que no logró devolver la norma al Ejecutivo, que hizo valer su mayoría absoluta. Los reproches, las acusaciones y las descalificaciones chocaron contra la férre defensa de la norma por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien no dudó en acusar a los grupos de criticar sin fundamento.

Eran las 11:00 cuando el titular de Interior subió a la tribuna. Defendió que se trata de un «texto con una tramitación serena y pausada», que «goza de mayor seguridad jurídica» y «tiene un perfecto encaje en nuestro sistema constitucional». «Es más garantista», dijo, que la norma aún vigente, de 1992, pues «respeta el necesario equilibrio entre seguridad y libertad». Durante los 35 minutos que duró su primera intervención, el ministro destacó numerosos aspectos de la norma, haciendo hincapié en que «no busca sancionar más, sino hacerlo con más garantías». Se centró en tres diligencias «de especial sensibilidad». Por un lado, la identificación, resaltando que por primera vez se prohíben las redadas indiscriminadas o étnicas. También habló de las retenciones, que se regulan para que la permanencia en comisaría para la identificación no supere las seis horas o que una vez realizadas las diligencias se entregará un volante al afectado.

Pero donde más se centró es en la tipificación de delitos y en el régimen sancionador. Así, recordó que se pasa de 12 a cuatro infracciones tipificadas como muy graves, como reuniones o manifestaciones no comunicadas en instalaciones críticas o deslumbrar a pilotos o conductores con un láser. De este «nuevo tipo de vandalismo», el ministro confirmó que de los 120 casos registrados en 2010 se han pasado a 634 en 2013.

Hizo un breve repaso de las 26 graves, como solicitar servicios sexuales en zonas con presencia de menores, y las otras 17 leves, algunas con «mucho debate y polémica», como las manifestaciones sin comunicación, que pasan de ser graves a leves. En cuanto a la cuantía, aseguró que la sanción impuesta será siempre en su «grado mínimo»; en «grado medio si hay al menos un agravante, como reincidencia», y «en máximo, en hechos de especialidad gravedad».

Pero a ninguno de los grupos parlamentarios le gustaron sus explicaciones. La primera en cargar contra el Ejecutivo fue Uxue Barcos, de Geroa Bai, que aseguró que «amplía los poderes policiales en lugar de proteger la protesta», mientras que para Rosana Pérez (BNG) sólo busca «silenciar».

Y llegó el primer espectáculo, el de Joan Tardà (ERC) exhibiendo fotos que calificó de «brutalidad policial» y «pasividad» para denunciar ambos extremos. Se fue gritando: «Es una vergüenza».

El portavoz de Amaiur, Mikel Errekondo, comenzó llamando «fascista» a Fraga y continuó poniéndose una mordaza azul, ante lo que la vicepresidenta primera de la Cámara, Celia Villalobos, que le espetó: «Quítese esa maldita mordaza. Aquí se viene a hablar». Terminó con el estribillo de una canción de «Eskorbuto» (de los que dijo que son unos «poetas») y cantó «Mucha policía, poca diversión». Dejó el estrado pidiendo que «saque a su Policía de las calles de Esukal Herria». El peneuvista Emilio Olabarría quiso cantar «Malos tiempos para la lírica», pero no entonó porque «no estoy bien dotado para la música». Y desde el PSOE, Isabel Rodríguez le dijo al ministro que «si no quiere acabar como Gallardón está a tiempo de retirarla».

Cuatro horas después, el debate acabó con el popular Conrado Escobar cantando «libertad, libertad, sin ira libertad...».