La investigación de fondos de la UE en el "procés" no está cerrada

Sociedad Civil Catalana (SCC) está dispuesta a impulsar en el Tribunal de Cuentas la investigación de un posible desvío de fondos comunitarios en el «procés» si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala que la Ley de Amnistía no choca con el derecho comunitario. La asociación demandante en el proceso contable contra 35 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña –por financiar con dinero público el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la promoción exterior del proceso soberanista a través de Diplocat– está dispuesta a dar ese paso.

La vista sobre la Ley de Amnistía celebrada el pasado martes en la sede del Tribunal de Justicia de la UE evidenció que la Corte de Luxemburgo quiso cerciorarse de que –pese a que la norma fija a los jueces y tribunales un plazo máximo de dos años para aplicarla– la Ley de Amnistía no pondrá impedimentos a que el Tribunal de Cuentas indague en este sentido. Siempre que, claro, así lo solicite una de las partes.

Con la Abogacía del Estado y la Fiscalía a favor de la aplicación de la ley al procedimiento contable, lo que eximiría de responsabilidad a los encausados –entre otros los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el líder de ERC, Oriol Junqueras– lo cierto es que ese paso solo lo puede dar Sociedad Civil Catalana (SCC), que fue precisamente la que instó al Tribunal de Cuentas a acudir al TJUE, como finalmente hizo trasladando a la corte de Luxemburgo hasta ocho posibles choques de la ley cuestionada con el derecho de la Unión.

Fuentes de SCC confirman que así lo harán si finalmente el tribunal europeo descarta que la Ley de Amnistía sea incompatible con las disposiciones comunitarias, solicitando al Tribunal de Cuentas unas diligencias adicionales –para esclarecer ese posible desvío de dinero de la caja común de la Unión para financiar el desafío soberanista–.

"Todavía es posible"

El asunto estuvo sobre la mesa durante buena parte de la sesión matutina en la vista de Luxemburgo, hasta el punto de que en el turno final de preguntas –que dejan traslucir las inquietudes sobre el pleito de los 15 magistrados que componen el TJUE–, el vicepresidente de la institución, el alemán Thomas von Danwitz, inquirió expresamente a la abogada del Estado ante el TJUE, Andrea Gavela, sobre sus dudas al respecto. Von Danwitz quiso saber «si había entendido bien» y el Tribunal de Cuentas va a poder, en su caso, llevar a cabo esa comprobación.

"Diligencias finales"

La respuesta de la representante de los Servicios Jurídicos del Estado –encargada de defender la posición del Gobierno respecto a la amnistía– resultó tranquilizadora para el vicepresidente del Tribunal de Justicia de la UE. «En este trámite todavía es posible acordar diligencias» sobre el posible origen de los fondos «si así se solicita», expuso Gavela.

En esa misma línea se pronunció la Comisión Europea –que a día de hoy descarta que el proceso soberanista afectase a los intereses financieros de la Unión Europea, una de las vías que excluiría que la medida de gracia amparase ese supuesto desvío contable–. Bruselas también avaló que es posible que el Tribunal de Cuentas lleve a cabo esas «diligencias finales», pero expresó sus dudas de que el artículo 10 de la Ley de Amnistía –que fija ese plazo de dos meses para cerrar las causas afectadas por la medida– pueda entorpecer esas diligencias de última hora.

Tampoco el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, no puso objeciones al respecto, aunque matizó que esa posibilidad «solo puede ser propuesta por las partes y en un plazo determinado».

Sin embargo, –al igual que pusieron de relieve las defensas de varios demandados– la abogada del Estado insistió en que en el proceso soberanista «no hay indicios de afectación» de los intereses financieros de la Unión Europea. En esa misma línea, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, hizo hincapié en que después de siete años de investigación el Tribunal Supremo (TS) no se ha identificado esa posible afección a los fondos comunitarios.

Pese a asumir que el Tribunal de Cuentas no está impedido para impulsar ahora esas indagaciones, Gavela puntualizó que «la suspensión del procedimiento no impide» que se adopten medidas que no se vean afectadas por la cuestión prejudicial planteada a la Justicia europea.

Boye: «300 días para hacerlo»

A este respecto, Boye se mostró mucho más explícito. «Es verdad que se puede abrir un plazo para las diligencias finales, pero hubo 300 días para hacerlo», aseguró en referencia a que la instructora del procedimiento contable elevó las cuestiones prejudiciales al TJUE en julio del pasado año, cuando dejó en suspenso la causa cuando ya estaba vista para sentencia tras la celebración de la vista. Para la defensa de Puigdemont no es coherente que el Tribunal de Cuentas «se queje del plazo de dos meses» para aplicar la amnistía «y haya tenido 300 días paralizado el procedimiento».

De hecho, en la vista Boye sí puso un reparo a la posibilidad de que el organismo contable, a instancias de Sociedad Civil Catalana, impulse esa investigación. «Eso modificaría el objeto del debate, obligando a retrotraer las actuaciones a un momento muy anterior», advirtió sobre unas posibles dilaciones indebidas.

Fuentes de la defensa del expresident consideran que «una vez que la Comisión Europea ha dicho que no, el TJUE no va a cambiar su doctrina, porque eso supondría abrir una vía de agua». Y se quejan de que esa posible afección del «procés» a los intereses financieros de la UE se adentra en «un terreno hipotético» que plantea qué habría sucedido «si Cataluña se hubiese independizado». «Y esos planteamientos hipotéticos el tribunal no los acepta», recalcan.