El juez Juan Carlos Peinado interroga este viernes a cinco funcionarias de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con las que Begoña Gómez y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, abordaron una serie de gestiones de la cátedra extraordinaria por las que ahora se les investiga por dos delitos.

Por un lado, la apropiación indebida del software que desarrollaron empresas privadas, de manera altruista, para la cátedra y que fuese propiedad al 100% de la UCM. Sin embargo, la universidad nunca lo patentó a su nombre, a diferencia de la mujer de Pedro Sánchez, que se registró como titular de la marca del programa informático y su logo.

Además de que el producto tecnológico acabó siendo ofrecido en una página web (www.transformatsc.org) que dio de alta su "número dos" en la cátedra, Blanca de Juan, para después transmitirle la titularidad a la esposa del presidente del Gobierno.

Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid indaga en si Gómez incurrió en un delito de intrusismo profesional al haber firmado el pliego de prescripciones técnicas del expediente de contratación pública de servicios de "asesoría técnica y tecnológica " para desarrollar parte del software. El encargó lo realizó Deloitte por 60.000 euros.

En esta línea del caso se analiza si la mujer del jefe de Ejecutivo suscribió este documento sin ser personal de la Complutense, ni constar que esté capacitada profesional o académicamente para autorizarlos.

La toma de declaración de las cinco trabajadoras tiene lugar más de un año después de que fuese solicitado por Gómez, sin que el magistrado llegase a resolver sobre la aceptación de esta diligencia hasta que la Audiencia Provincial de Madrid en la resolución de un recurso le ordenó tomar una decisión sobre su práctica. Y pese a que, "in extremis" esta misma semana, la mujer del presidente se opuso a que ahora se practicasen dos de ellas al considerarlas que ya no son necesarias.

Escuela de Gobierno

El juez Peinado tomará declaración a la gerente de la Escuela de Gobierno de la UCM, María José Sánchez Rosales. Ella fue la que en un mail (también dirigido a su asesora) trasladó que el pliego del contrato con Deloitte "ha de firmarlo Begoña".

Este mensaje fue aportado por la defensa de Gómez para intentar demostrar que "si mi representada firmó el pliego de prescripciones técnicas, fue porque la Universidad Complutense así se lo indico expresamente".

La otra testigo es la directora de este departamento que gestiona los posgrado, Carmen Mitxelena. El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, reclamó al magistrado que la citase para tratar de evidenciar que "la idea del nombre de Transformación Social Competitiva fue aportada por mi representada y así se lo planteó a la Complutense para dar título al máster".

Es la estrategia que viene siguiendo la esposa del líder socialista para negar que pueda haberse apropiado de los derechos sobre la marca del software, dado que -sostiene- ella fue la que lo creó y luego formó parte de la denominación de la plataforma informática.

La interventora

Declara por segunda vez la interventora de la UCM, María Elvira Gutiérrez-Vierna, que en un informe alertó de que se había encargado con un contrato "nulo de pleno derecho" otros servicios para la creación del software a Making Science.

La inversión para las arcas universitarias fue de 24.200 euros, pero el acuerdo se firmó "irregularmente" al haber una "inobservancia absoluta de los procedimientos establecidos" para una licitación pública.

En cambio, el letrado de la esposa de Sánchez requirió que acudiese a ser interrogada "a efectos de que ratifique lo que manifestó ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid", al entender que le beneficiaba para negar el intrusismo laboral.

Concretamente, "que la firma de los pliegos (de Deloitte por parte de Gómez) se realizó de acuerdo con las normas de la UCM, pues debe firmarlos el jefe de la unidad administrativa que en este caso era mi representada al ser la directora de la cátedra".

La OTRI

Dos trabajadoras de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la universidad se sentarán ante el instructor. Se trata de María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero.

La defensa de la mujer del presidente precisó al magistrado su declaración a fin de reforzar su versión de que "que el registro del dominio (de la web donde terminó el programa), fue realizado siguiendo las instrucciones de la propia UCM".

Cuando lo único que se ha podido confirmar durante la investigación judicial es que ambas trasladaron por mail a la alto cargo de Presidencia y a la propia esposa de Sánchez que en la OTRI "nunca se había realizado" el trámite de registrar un dominio. Y las funcionarias les enviaron "un enlace" sobre cómo llevarlo a cabo.

La sexta testigo

La sexta testifical de la jornada le será practicada a Zulma Escalante, que es codirectora del máster de Formación Permanente en Sostenibilidad ESG (semipresencial) que se imparte la UCM.

La mujer del jefe del Ejecutivo quiere utilizar su caso como analogía al suyo, dado que -sostiene- ella también inscribió el sitio web del máster a su nombre, siendo personal ajeno al centro universitario.

En el escrito con el que Camacho solicitó su comparecencia, apuntó a su interés en que "explique las condiciones en que inscribió el citado dominio y si fue a instancias de la propia universidad".