El Gobierno incrementa el salario de los funcionarios: así quedan las retribuciones tras la subida del 11%

Los funcionarios vuelven a estar de suerte. El Gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo sobre la subida salarial de los 3,5 millones de funcionarios para el periodo 2025-2028. Tras varios días de intensas negociaciones, CSIF, UGT y CC OO han pactado con el Ejecutivo que los salarios de los empleados públicos suban un 11% en el periodo con un tope del 4% en los dos primeros años.

De esta forma, ese porcentaje del 11% se repartiría en los cuatro años acordados y tendría una parte fija y otra variable, aun por definir. El acuerdo llega después de que los sindicatos se plantaran ante la propuesta del Gobierno de incrementar el salario un 10%, entendiendo que no compensaba lo suficiente la inflación acumulada durante los últimos años, perjudicando en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Tras la nueva propuesta, los sindicatos han decidido aceptar las condiciones, asegurando que era lo más beneficioso para los trabajadores recuperando un 2,9% del poder adquisitivo. "Hemos conseguido el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país, la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y la OTAN", defendía CSIF.

Cómo se repartirá la subida

En 2025 la subida será del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Para 2026, el incremento será del 1,5%, al que se sumará un 0,5% adicional en caso de que el IPC sea igual o superior al 1,5%, un extra que se pagaría el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

Ya en 2027, las retribuciones aumentarán un 4,5%, mientras que en 2028 el alza será del 2%. El efecto arrastre, al revalorizarse los salarios sobre la revalorización anterior, permitirá alcanzar una subida de hasta el 11,4%.

En cuanto al alza de 2025, que pone fin a la congelación salarial, los empleados públicos la cobrarán a partir de diciembre para compensar los retrasos acumulados. Es muy probable que en la Administración General del Estado el pago llegue antes de acabar el año, pero en comunidades autónomas y ayuntamientos podría demorarse hasta 2026. El acuerdo se firmará este jueves con el ministro de Función Pública, Óscar López.

Así quedarán los salarios de los funcionarios

Tras confirmarse el incremento salarial, el desembolso que tendrá que hacer el Gobierno es de 2.000 millones de euros por cada punto de incremento, lo que eleva el coste total de la revalorización a 22.000 millones para las arcas públicas.

En este sentido, los salarios de cada grupo de funcionarios ascendería a las siguientes cifras.

• Subgrupo A1: de 33.952 euros anuales a 37.687 euros anuales (una subida de 3.700 euros aproximadamente)
• Subgrupo A2: de 31.823 euros anuales a 35.324 euros anuales (una subida de 3.500 euros aproximadamente)
• Subgrupo B1: de 30.142 euros anuales a 33.457 euros anuales (una subida de 3.300 euros aproximadamente)
• Subgrupo C1: de 28.190 euros anuales a 31.291 euros anuales (una subida de 3.100 euros aproximadamente)
• Subgrupo C2: de 26.380 euros anuales a 29.281 euros anuales (una subida de 2.900 euros aproximadamente)
• Subgrupo E: de 26.224 euros anuales a 29.109 euros anuales (una subida de 2.800 euros aproximadamente)

Otras mejoras laborales

Además de las retribuciones, el acuerdo entre Función Pública, UGT y CSIF incluye otras mejoras. Entre ellas destaca desbloquear la jornada de 35 horas y la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.

A ello se suma la eliminación de la tasa de reposición, lo que permitirá reforzar plantillas y reducir la temporalidad en los servicios más necesitados. Asimismo, el Gobierno también se compromete a acortar los plazos de los procesos selectivos a un año, garantizar la promoción interna y la movilidad, y actualizar la clasificación de puestos de trabajo para adaptarla a las funciones reales de los empleados, considerando su experiencia y formación.

Por su parte, en 2026 se revisarán y elevarán los complementos de residencia e insularidad y las indemnizaciones por razón de servicio, eliminando desigualdades territoriales. Se reforzarán las plantillas de atención al público con ajustes retributivos, se actualizarán permisos y medidas de conciliación, y se impulsarán políticas de igualdad, prevención del acoso y lucha contra la violencia de género. También se mejorará la salud laboral mediante apoyo psicológico y protección frente a agresiones, se revisarán las retribuciones del Personal Laboral del Exterior y se estudiarán mejoras en jubilación.

Por último, el Ejecutivo se compromete a mejorar la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas), en respuesta a las demandas históricas de los empleados públicos.