El juez vincula a un guardia civil de la "trama Koldo" con el investigado de los contactos con Illa

El guardia civil Rubén Villalba, destinado en la embajada de Venezuela e investigado por sus supuestos vínculos con la "trama Koldo", tenía una "vinculación directa" con el empresario Ignacio Díaz Tapia, que según ponen de relieve los chats intervenidos, había contactado con el Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa al frente, para conseguir que el Gobierno canario adjudicara en abril de 2020 a Soluciones de Gestión cuatro contratos de suministro de mascarillas por valor de 12,3 millones de euros.

En el auto en el que el juez Ismael Moreno acordó la libertad provisional del agente el pasado miércoles, el instructor se refiere expresamente a que el 4 de octubre del pasado año, Díaz Tapia, socio de Aldama y uno de los integrantes del chat "4 Mosqueteros" -del que formaban parte Víctor de Aldama y sus socios, a los que habría recurrido para descapitalizar su patrimonio en Portugal y eludir a Hacienda- llegó al aeropuerto de Barajas junto a Rubén Villalba en un vuelo procedente de Venezuela. Paradójicamente, ese viaje se produce casi dos semanas antes de la publicación oficial de que Villalba había sido destinado a la embajada de España en Caracas como agregado de Interior, que se produjo el 17 de octubre 2023.

La Guardia Civil -que había desplegado un dispositivo de vigilancia- había constatado a posteriori, a través de una serie de mensajes de WhatsApp entre ambos el 28 de septiembre de 2023, que Tapia "facilitó los billetes de avión" al guardia civil ese día, cuando ambos se reunieron en la marisquería "La Chalana".

La resolución judicial incide -tras analizar el contenido de los terminales telefónicos intervenidos- en la existencia de indicios de "posibles pagos de dinero en efectivo" a una persona apodada "R" o "Rubén" (figuran varias anotaciones junto a la cifra "2.000"). Así consta en conversaciones de WhatsApp entre otros dos socios de Aldama, César Moreno y Javier Serrano, y a las mantenidas por esos autodefinidos como los "4 Mosqueteros", entre otras.

El instructor señala que la documentación incautada sitúa a Villalba como "miembro de la organización investigada" y apunta a que "habría recibido dinero en efectivo" (con cantidades periódicas que oscilan entre los mil y los 3.600 euros) "como pago en relación con los contratos investigados".

Los investigadores le atribuyen una relación directa no solo con Koldo (él mismo se presenta en un mensaje así: "Soy Rubén. El amigo de Koldo") y Díaz Tapia, sino también con los investigados Víctor de Aldama, el supuesto "conseguidor" de la "trama", su hermano Gonzalo, y los empresarios César Moreno, Javier Serrano y Rogelio Pujalte (quien alertó al exasesor de Ábalos de que estaba siendo investigado), "con quien se habría reunido para comer", según una anotación localizada en el móvil de Koldo.

La Guardia Civil ha constatado asimismo que desde una cuenta de Koldo y su mujer, Patricia Uriz, también investigadas, se transfirieron a Villalba 920 euros mediante dos Bizum el 20 y el 23 de diciembre de 2022. La UCO también ha advertido "una serie de indicios de trato de favor" del agente en beneficio de Koldo García.

Villalba, agregado de Interior a la embajada española en Venezuela, está investigado por delitos de pertenencia a organización criminal y cohecho. En una de las conversaciones intervenidas, el 19 de septiembre del pasado año Koldo le comenta a Juan Carlos Cueto (a quien Anticorrupción señala como la persona que controlaba en realidad Soluciones de Gestión) "que hay un empresario de Venezuela que le ha pedido ayuda para un tema" que no especifica, y que este empresario "quiere agredir a Aldama". El exasesor de Ábalos le explica que quedó con él en Venezuela "porque fue con un amigo "de los verdes" que se va ahora para allá" (en alusión a Venezuela) cinco años, y que ha sido él quien "le ha abierto un par de puertas". Esa llamada también es anterior a que el destino de Villalba se hiciese oficial.

"A las 7 habla Illa con el de Canarias"

Díaz Tapia, identificado como "Nacho Flashback", mandó en ese grupo un mensaje el 20 de agosto de 2020 en relación a esas adjudicaciones del Gobierno del ahora ministro Ángel Víctor Torres, trasladando a sus socios que "hoy llamarán, a las 7 habla "Illa" con el de Canarias" (presumiblemente Torres) "para darle en principio el ok".

El empresario, apunta la Guardia Civil en uno de sus informes, "manda un mensaje diciendo que han aprobado desde sanidad el proyecto, que acaba de colgar con Víctor, que mañana les cuenta". César pregunta: "¿Tenemos plazos?". "Mañana os cuento. Pero estamos en marcha", contesta Díaz Tapia.

Al día siguiente, el empresario con quien el guardia civil tenía un contacto directo según el juez Moreno, manda un audio al grupo. "Me ha llamado nuestro amigo K, me ha dicho que todo ok, que todo hecho y que todo va a funcionar y que el lunes tengamos una jornada de trabajo para ver cómo se estructura todo". "K" era Koldo García, que habría intermediado para que Soluciones de Gestión se adjudicara también esos contratos, como finalmente sucedió en diciembre de ese año.

Pantallazo de una conversación con Ángel Víctor Torres

De hecho, cuando días más tarde, el 25 de agosto, Díaz Tapia envía "un pantallazo de una conversación con Ángel Víctor Torres". Tres días más tarde, explica en un audio una conversación con "K": "He estado hablando con él, me ha dicho que escribiera a los consejeros de Sanidad de las dos zonas y aeropuertos, diciéndole que nada, que estamos dispuestos a entrada y salida de pasajeros, porque él dice que el problema está siendo que vengan desde origen, con el test, pero si no habría que hacer a todos los que salgan y nada, me ha dicho que vaya avanzando que el sigue avanzando en paralelo".

El último día de agosto, el empresario asegura en otro mensaje que "están con sanidad desde las 10:30. Cuando terminen me llaman y te digo pasos".

Incluso meses después, ya metidos en el negocio de los test anti-Covid, el 18 de noviembre Díaz Tapia pide en un mensaje "que le hagan un informe negativo para el ministro" José Luis Ábalos. Tras enviar el DNI del titular de Transportes y los datos de Koldo, "tres minutos más tarde" Javier Serrano le dice "que ya los tiene".

En esas conversaciones se sigue el hilo de las gestiones realizadas por la "trama" y la euforia al conseguir las adjudicaciones.

"El ministro dará el ok seguro", aseguran antes de advertir de que es "el único que puede frenarlo" porque Sanidad "tiene que dar el ok", porque "eso no depende de ellos" (en referencia al Gobierno canario). Un poco más tarde, confirma que "el ministro ha dado el ok". "Estamos in", contesta satisfecho uno de los empresarios investigados. "Pídete dos". Aldama confirma la buena nueva: "Con la persona que iba a hablar, con el que ayer estuvisteis y que luego por la tarde habló el de aquí, han hablado y lo ve bien", por lo que les traslada que ese "hándicap" está "salvado".

Otro guardia civil, pieza clave

Entre los investigados figura también otro guardia civil, con quien Koldo se reunió en cuatro ocasiones entre febrero de 2022 y febrero del pasado año. Destinado en la Seguridad de la sede ministerial en Nuevos Ministerios, Anticorrupción le vincula también con Juan Carlos Cueto, el empresario que según los investigadores era quien controlaba en la sombra Soluciones de Gestión. La UCO considera que la relación de Koldo con este subteniente del Instituto Armado, José Luis Rodríguez García, es "de máxima importancia" porque "conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos" investigados "con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios", Comercializadora Pizarras Santa Bárbara, en la que según Anticorrupción se invirtió parte del dinero de las comisiones.

Rodríguez se erige por tanto en una "pieza clave en la gestión de los contratos" investigados, pues en las conversaciones con Koldo en la marisquería "La Chalana" se atribuye "haber puesto en contacto" a Cueto y Aldama (el supuesto "conseguidor" de la "trama") con "los responsables de la adjudicación".