La Junta Electoral también señala a Ribera: pide que retire valoraciones sobre Doñana contra el PP en la web del Ministerio

Tras abrirle un expediente a la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez por sus ataques al PP desde la sala de prensa de la Moncloa, la Junta Electoral Central (JEC) también ha llamado la atención a la vicepresidenta de transición ecológica Teresa Ribera. En concreto, la JEC ha ordenado que Ribera retire de la «web institucional las manifestaciones presuntamente valorativas» que hizo en una rueda de prensa el 25 de abril sobre Doñana y el PP. Además, pide que «en futuros actos institucionales extreme su diligencia para evitar vulnerar el principio de neutralidad que los poderes públicos están obligados a respetar».

La JEC ha estimado parcialmente la reclamación que presentó el PP y considera que Ribera ha incumplido el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). «El artículo 50.2 de la LOREG prohíbe, desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración, cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades públicas», señala la resolución de la JEC. «En el presente caso, la utilización de un acto institucional, como es la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, estaría quebrantando presuntamente el artículo 50.2 de la LOREG, al haberse emitido durante la misma alusiones valorativas que descalifican la actuación de un determinado partido político, a la par que apreciaciones negativas respecto de su capacidad o sus intenciones, lo cual estaría comportando connotaciones electoralistas», añade.

Esas valoraciones de Ribera hacían referencia a la Junta de Andalucía y a su consejero de Medio Ambiente, a quien acusaba de no entender «cómo funcionan las instituciones europeas ni en qué consisten los tratados, ni cuáles son las implicaciones que puede tener una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia», en alusión al conflicto por Doñana. El consejero de Medio Ambiente había acusado al Gobierno de presionar a Europa para que le diera un toque de atención con la gestión del parque nacional y la vicepresidenta se revolvió y contestó en la rueda de prensa del 25 de abril, desde Moncloa y en pleno periodo electoral (empezó a principios de abril).

En concreto, Ribera, contestó lo siguiente, cargando contra el PP: «Siguen tonteando con algo que nos puede costar a los españoles mucho dinero a cambio de nada, porque si somos condenados y si nos imponen multas coercitivas, esas multas se mantienen hasta tanto se deje de aplicar la ley. Por tanto, ¿a qué viene este viaje? ¿A qué viene esta provocación? Creo que es mucho más honesto estudiar un manual de derecho de la Unión Europea y buscar el encontrar las mejores respuestas y no dejarse arrastrar por negacionistas o por populistas, que con una alta dosis de demagogia y siempre coincidiendo con citas electorales, se prestan a hacer un uso interesado de la iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios PP y VOX en el Parlamento andaluz».

«Al llevar a cabo tales alusiones en el curso de una intervención institucional y haciendo uso de recursos públicos, la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estaría vulnerando la prohibición que dimana del artículo 50.2 de la LOREG», resume la JEC.

La propia JEC también ha abierto un expediente a la portavoz Isabel Rodríguez y se dará inicio a la instrucción que puede acabar en una sanción de entre 300 y 3.000 euros. En concreto, el caso de Rodríguez es por ataques al PP sobre la exhumación de José Antonio Primo de Rivera, ya que los populares consideraron que era «ruido para tapar los problemas de los ciudadanos». Rodríguez replicó desde la sala de prensa de Moncloa que «el Gobierno está en los problemas que no está el PP, que ni está ni se le espera». La JEC zanja que «la realización de alusiones y apreciaciones valorativas con connotación electoralista podría resultar legítima en el curso de un acto de campaña o en el ordinario ejercicio de la libertad de expresión, pero no en el desempeño de la actividad institucional propia de una autoridad pública».