La familia de Franco, tajante: «La exhumación no la contemplamos»

Advierten de que un decreto ley «es inferior al concordato vigente entre España y El Vaticano».

Ante la expectación que habrá este viernes en el Consejo de Ministros respecto al inicio de los trámites para exhumar a Franco, este periódico se ha puesto en contacto con la familia para pulsar sus sensaciones antes de que regrese a la palestra del revuelo político y mediático. Su postura no ha variado un ápice: «No contemplamos la exhumación. Mientras que no haya un mandato judicial nadie va a entrar a exhumar nada», aseguran, además de añadir que a estas alturas «no tenemos ni idea de lo que prepara el Gobierno». La vía que estudia el Ejecutivo es recurrir a un decreto ley que reúna previamente el apoyo parlamentario, fórmula que la familia no ve efectiva. «Excepto que hubiera habido conversaciones y acuerdos secretos con El Vaticano, que es la autoridad con competencia en un basílica pontificia, no es viable», aducen. La familia está siendo asesorada por el general Juan Chicharro, que, a falta de un portavoz familiar, está ejerciendo como tal, y ayer afirmó que «un cadáver pertenece a su familia, y una exhumación sin el permiso de la familia es una profanación, que es un delito».

«Son rangos normativos diferentes: una ley inferior, como es el decreto ley, no puede vulnerar una ley superior internacional como es el Concordato vigente entre España y el Estado de El Vaticano», explica la familia, que se acoge a la circunstancia de que en la Basilica del Valle de los Caídos solamente rige el derecho canónico: «La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos es la propietaria de esa zona, se creó por un decreto ley en 1957 y la Abadía se erigió un año después», aseveran. «Si el próximo Consejo de Ministros utilizase un decreto ley sería algo propio de Corea del Norte, no de un Estado de Derecho».

Desde el anuncio de la inminente exhumación del pasado 18 de junio hasta el día de hoy, el Gobierno ha tenido que aplazar varias veces la fecha para iniciar el proceso, entre otros motivos, por la radical negativa de la familia. Los seis nietos de Franco son, a día de hoy, los únicos que pueden hacerlo voluntariamente sin trabas. Durante todo este tiempo, el Gobierno ha defendido haberse puesto en contacto directo con ellos, lo que ha sido rotundamente negado por los mismos, y a día de hoy aseguran que la situación no ha variado.

La Fundación Franco publicó recientemente un escrito en el que anunció que la familia emprendería acciones legales contra el Ejecutivo si fuera necesario. Tan claro tienen que su abuelo no será exhumado que siguen sin plantearse qué podrían hacer si les entregasen el cuerpo embalsamado: si lo piensan incinerar, si lo enterrarían junto a su esposa, Carmen Polo, si lo llevarían al panteón familiar o si esparcirían sus cenizas, y aseguran que si la vía judicial fuera tan sencilla como lo presentó el presidente del Gobierno ya lo habría sacado del Valle de los Caídos.

La polémica que sobrevuela la exhumación del cadáver no surge en el Gobierno de Sánchez, lleva siete años abierta. Comenzó en 2011 con el Gobierno de Zapatero, quien creó un Comité de Expertos jurídicos que concluyeron que la exhumación no era posible. Los nietos argumentan que Sánchez es consciente de que se trata de un cadáver embalsamado, circunstancia que aún lo blinda más, ya que un cadáver pasa a ser restos cadavéricos a los cinco años, pero al estar embalsamado sigue siendo cadáver. Lo que sí logró Sánchez estando en la oposición fue contar con el apoyo de la Cámara: obtuvo 198 votos a favor y 40 abstenciones, pero sólo el PP votó en contra. Casado ya pidió ayer a Sánchez que «deje de boxear contra el fantasma de Franco».