Los Franco advierten al Gobierno de que irán al Supremo: “Los restos mortales no son de su propiedad”

La familia advierte de que no atenderá la petición que el Gobierno para elegir un lugar alternativo para el enterramiento de los restos de su abuelo

A 48 horas de que expire el plazo de 15 días concedido por el Gobierno a Los Franco para buscar otro lugar de reinhumación a los restos de su abuelo, la familia ha presentado su contestación nengándose a la exhumación de los restos y avisando de que pedirán al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Ministros que autoriza la ejecución de la exhumación al considerarlo “nulo de pleno derecho” y alegan que es “claramente contrario a la ley”. En el escrito redactado por el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina Gómez, al que ha tenido acceso este diario, defiende la familia que la intención del Gobierno de señalar un lugar alternativo “viable” es igualmente “nulo de pleno derecho por constituir una grave violación de los derechos a la igualdad ante la ley, a la libertad religiosa y a la intimidad personal y familiar”.

La familia se ratifica que en el “hipotético caso de que se llevara a cabo la exhumación de los restos mortales”, la reinhumación “deberá realizarse, previas las honras fúnebres y oficios religiosos” en la Catedral de La Almudena. También avisan al Consejo de Ministros que “los restos mortales de Franco no son de su propiedad, ni constituyen un bien de dominio público del que el Gobierno pueda disponer a su antojo, sino que la única facultad de disposición de los mismos recae en sus familiares directos, por lo que, incluso en el caso de que el Tribunal Supremo reconociese el derecho del Gobierno a llevar a cabo su exhumación, deberá proceder a la entrega de los mismos a sus familiares, absteniéndose de disponer en forma alguna sobre su traslado e inhumación sin la expresa autorización”.

La familia advierte así que su decisión de “no designar un lugar alternativa para la eventual inhumación” no podrá “ser interpretada en modo alguno como silencio o renuncia de sus familiares a designar el lugar de re-inhumación que habilite al Gobierno a tomar esa decisión en su lugar”.