La Fiscalía también actuará en diferido

Eludió ayer dar una respuesta inmediata a la pseudodeclaración, que las asociaciones de fiscales tachan de «golpe al Estado de Derecho».

Más de 900 periodistas estaban ayer acreditados para seguir en el Parlament la intervención de Puigdemont
Más de 900 periodistas estaban ayer acreditados para seguir en el Parlament la intervención de Puigdemont

Eludió ayer dar una respuesta inmediata a la pseudodeclaración, que las asociaciones de fiscales tachan de «golpe al Estado de Derecho».

La calculada ambigüedad de Carles Puigdemont al pedir a los catalanes «el mandato para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república» para, a renglón seguido, suspender la declaración unilateral de independencia (DUI) para abrir un proceso de «diálogo» no oscurece, por ahora, su horizonte judicial. Su intervención en el Parlament no provocó ayer la inmediata respuesta de la Fiscalía prevista para el caso de que se hubiese proclamado oficialmente la república catalana y la Cámara autonómica hubiese votado la resolución. El Ministerio Público estudiará con cautela los pasos a seguir porque, como aseguran a LA RAZÓN fuentes jurídicas, «es muy difícil dar una respuesta jurídica de forma precipitada». Algo similar harán los magistrados del Tribunal Constitucional –aunque hoy no hay convocado pleno ordinario–, que deben calibrar el alcance constitucional de la fugaz declaración de independencia y su posible anulación. El Alto Tribunal tiene, además, la potestad para acordar la suspensión de las autoridades que incumplan sus resoluciones por lo que, suspendido cautelarmente el referéndum y ante la enésima desobediencia a ese mandato, la Abogacía del Estado tiene en su mano instar la suspensión de Puigdemont, que en todo caso sería temporal hasta que el TC, con el auxilio del Gobierno, garantizase el cumplimiento de sus mandatos.

Mientras, en un comunicado conjunto las tres asociaciones de fiscales –AF, UPF y APIF– consideran que esa declaración «ha consumado tristemente el golpe al Estado de Derecho y al régimen de libertades de todos los ciudadanos, fracturando el orden constitucional básico para una pacífica convivencia». Los fiscales españoles garantizan que se mantendrán «absolutamente fieles» en la defensa de la ley y el Estado de Derecho.

Puigdemont ya está investigado por los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Si hubiese cumplido escrupulosamente la hoja de ruta soberanista, la declaración de ruptura le habría supuesto, previsiblemente, una nueva denuncia por sedición o, incluso, por rebelión. Pero las fuentes consultadas coinciden en que su declaración de ayer incurre, a lo sumo, en una nueva desobediencia, un delito que esas mismas fuentes consideran a estas alturas «más que colmado» tras los sucesivos incumplimientos de las resoluciones tanto del TC como del TSJ de Cataluña.

Esa declaración implícita abortada segundos después por Puigdemont abre «un escenario jurídico complicado porque si esa supuesta proclamación de la república catalana no se ha votado en el Parlament no tiene efectos jurídicos». «Penalmente no se puede actuar contra esa declaración –asegura uno de los juristas consultados por este periódico–, pero políticamente sí a través de la aplicación del artículo 155, porque la deslealtad de Puigdemont sí se ha producido». Y es que desde el punto de vista de las imputaciones que pesan sobre el presidente de la Generalitat, continúa, «hoy (por ayer) no se ha añadido nada que no existiese ya». «Ahora les toca a los políticos actuar, ya no pueden cargar más la respuesta sobre el poder judicial».

«Se ha aplazado el problema unas semanas», asegura otro reconocido jurista sobre la pseudodeclaración de Puigdemont. «Evidentemente ha declarado la independencia, pero luego la ha suspendido», apunta. Además, hace hincapié en que no se ha producido «ni tumulto ni violencia», lo que no avalaría por ahora una posible denuncia por sedición o rebelión, delitos que están castigados con penas de hasta 15 y 25 años de prisión, respectivamente. En lo que sí coinciden las fuentes consultadas es en que, con su actitud estas últimas semanas, el presidente de la Generalitat sí ha acumulado «clarísimos» indicios de la comisión de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación (este último castigado con una pena hasta de ocho años de cárcel) por los que le investiga la magistrada del TSJC Mercedes Armas. Esa reiteración delictiva al negarse, de forma reiterada, a acatar los mandatos judiciales sí podría sustentar, llegado el caso, la posible petición de medidas cautelares por parte de la acusación pública.

«Las escenas que vimos del asedio a la Consejería de Economía, con los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural encima de los coches de la Guardia Civil arengando a la gente sí son una sedición como una casa», considera este jurista, para quien la posible imputación a Puigdemont de un delito de sedición o rebelión «depende de cómo se desarrollen los acontecimientos a partir de ahora».