La izquierda veta a Barberá pero mantiene al etarra Goioaga en el Senado

La oposición en bloque, liderada por el PSOE, está dispuesta a hacer «cuanto esté en su mano» para evitar que la senadora Rita Barberá se mantenga en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, después de que el Tribunal Supremo apreciara indicios para investigarla por blanqueo.

La oposición en bloque, liderada por el PSOE, está dispuesta a hacer «cuanto esté en su mano» para evitar que la senadora Rita Barberá se mantenga en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, después de que el Tribunal Supremo apreciara indicios para investigarla por blanqueo. Los socialistas muy beligerantes con esta situación, ya que incluso han pedido al tribunal personarse como acusación particular en la causa, buscan que la ex alcaldesa de Valencia renuncie a su acta y deje de «dar una imagen horrible» de la Cámara Alta. Sin embargo, esta actitud proactiva y dirigida a erosionar al PP en plena campaña en Galicia y el País Vasco contrasta con la omisión de actuaciones en casos parecidos, que implicaban al propio PSOE o a partidos de trayectoria más controvertida. El Reglamento del Senado recoge la posibilidad de aprobar el cese temporal del parlamentario al que se le haya retirado el aforamiento (mediante un suplicatorio aprobado por el Pleno) y con auto de procesamiento firme por el Supremo. Un requisito, este último, que la ex alcaldesa no cumple todavía.

Por su semejanza, emerge el caso del senador de EH Bildu Iñaki Goioaga que, también por designación autonómica, ocupa un escaño desde 2013. Goioaga está procesado por el Supremo por un delito de integración en la banda terrorista ETA o, subsidiariamente, de colaboración con la misma desde abril, aunque fue en marzo cuando el Alto Tribunal obtuvo el suplicatorio para investigarle. El senador de Bildu no sólo no fue removido de su cargo en la XI Legislatura –cuando se produjo el procesamiento–, sino que lo ha visto revalidado en la duodécima con la complicidad de aquellos partidos que ahora protestan y entonces callaron. A pesar de estar relacionado con el terrorismo, Goioaga ha desempeñado cargos en la Cámara Alta que contrastan con esta vinculación, como portavoz y vocal de la Comisión de Justicia y vocal de la Comisión de Interior, de la que actualmente también ejerce de portavoz. Por cada portavocía –esta legislatura detenta dos– recibe un plus económico de 1.046,47 euros mensuales, además de los 2.813 de sueldo base y los 1.822 euros por residir fuera de Madrid. Sin embargo, la portavocía que le generó más beneficios fue la de su grupo parlamentario, el Grupo Mixto, que pasó a ostentar el 5 de octubre de 2015, días antes de que se disolvieran las Cortes, y que le permitió pasar a formar parte de la Diputación Permanente y, por tanto, mantener la condición de aforado. En el Grupo Mixto actualmente conviven con Goioaga senadores de Ciudadanos, Podemos y Compromís, partidos de los que han partido algunas de las medidas más duras contra Barberá y que planteado cambiar el funcionamiento del Mixto para evitar que la ex alcaldesa tenga responsabilidades a su nombre que le generen un mayor rédito económico. En concreto, Podemos defiende que se le suspenda el salario y Compromís quiere impulsar que las Cortes Valencianas revoquen su nombramiento. Desde el PSOE, cuyo portavoz en el Senado, Óscar López, dijo ayer desconocer el caso Goioaga, se va a registrar una moción para suprimir los aforamientos para que el PP «se moje» en este tema.

Tanta beligerancia contra Rita Barberá contrasta también con la actuación de los partidos en otros casos actuales o no. El lunes declaró ante el Supremo el portavoz de Convergència en el Congreso, Francesc Homs, como investigado en la causa del 9-N. Una etapa procesal más avanzada que en la que se encuentra actualmente la ex alcaldesa de Valencia. También cabe recordar que los ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán mantuvieron sus escaños en el Congreso y el Senado, respectivamente, estando imputados en el «caso de los ERE» durante al menos unos seis meses. Sin salir del PSOE también nos encontramos con el caso del ex ministro y número dos del partido, José Blanco, imputado por el «caso Campeón» –que posteriormente se archivó– y parlamentario al mismo tiempo durante años. Esta «doble vara de medir» es la que critican fuentes del PP consultadas por LA RAZÓN, que –aunque no defienden la decisión adoptada por Barberá de integrarse en el Grupo Mixto– sí cuestionan la vehemencia electoralista con la que los grupos de la Cámara se han erigido contra ella.