La legislatura puede acabar sin fallo sobre el control al Gobierno

La Abogacía del Estado ha pedido que el Constitucional estudie los antecedentes de la época de Aznar, lo que retrasaría la resolución

La polémica sobre si un Ejecutivo en funciones debe o no someterse al control parlamentario, de unos diputados que no han refrendado la elección del presidente del Gobierno, la resolverá el Tribunal Constitucional, aunque no se espera, ni mucho menos, que sea a corto plazo, y ello porque previamente es más que probable que se reclamen determinados documentos al Parlamento antes de fallar sobre el fondo del recurso. La Abogacía del Estado defendió los argumentos del Gobierno frente a los argumentos de la oposición, que presentó el pasado mes de junio el conflicto de atribuciones.

Sin embargo, considera que para resolverlo es indispensable que el Alto Tribunal tenga en su poder una serie de documentos.

En primer lugar, y lo más relevante, es que por el Parlamento se remita al TC los antecedentes que sobre este mismo conflicto se registraron en 1996, cuando en la segunda legislatura de José María Aznar el Ejecutivo estuvo igualmente unos meses en funciones, para que se tenga en cuenta cómo se actuó en lo que afecta al control parlamentario en una situación similar a la actual.

Y, en segundo lugar, que se remitan todos los escritos que se cruzaron Gobierno y oposición sobre esta cuestión, antes de que se interpusiera el conflicto de atribuciones por el Congreso.

El Tribunal Constitucional, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes próximas al mismo, analizará estas solicitudes en el pleno que celebrará la próxima semana y decidirá si las acepta. En el caso de que los magistrados consideren que se trata de una «prueba» que puede ser relevante, la acordarán, por lo que el fallo sobre el fondo del asunto se retrasará; en cambio, si no lo estima indispensable, el Alto Tribunal podría resolver en pocas semanas, poner fin a una polémica y establecer las pautas que deben seguirse en el futuro, es decir, si un Gobierno en funciones debe o no someterse al control parlamentario.

De esta forma, si, como todo parece indicar, el Tribunal Constitucional reclama esos antecedentes y esos «cruces de escritos», el Parlamento no lo recibiría, por mucha prisa que se diese la Cámara, hasta principios de la última semana de septiembre. Posteriormente, se incorporarán al grueso de la documentación ya existente para su análisis global por los magistrados.

Con este calendario, y teniendo una visión más que optimista, sería muy difícil que la decisión final se produjese antes de mediados de octubre, unas dos semanas antes de que, en su caso, se diese por finalizada la actual legislatura y se disolviesen las Cortes porque ningún candidato ha logrado obtener el respaldo de la mayoría del Congreso. Incluso, según algunas fuentes jurídicas la decisión se puede retrasar varios meses.

Sobre este conflicto, el Gobierno sostiene que, al estar en funciones, no puede ser controlado por el Parlamento. En una situación similar que se produjo el pasado mes de marzo, en la anterior legislatura con el acuerdo de la mayoría de la Cámara de que se celebraran plenos de control al Ejecutivo, la postura del Gobierno fue clara, tal como señaló entonces la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la carta que remitió al entonces presidente del Congreso, Patxi López, y a los grupos parlamentarios.

En esa misiva, insistía en que en que el Ejecutivo tiene limitadas sus facultades al despacho ordinario de los asuntos ordinarios (actividades de carácter puramente administrativo que no impliquen orientación política alguna), y en que «no estamos ante una cuestión de voluntad de Gobierno, sino de estricto cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico».

Antecedentes

En esa ocasión, el Ejecutivo invocó igualmente los antecedentes de Susana Díaz en Andalucía y de Artur Mas en Cataluña para rechazar las peticiones de los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados que exigen la comparecencia del Ejecutivo en funciones por el acuerdo europeo sobre la situación de los refugiados.

En ese punto, Soraya Sáenz de Santamaría sacó a relucir el escrito que elaboró el Parlamento de Andalucía en mayo de 2015 para rechazar que el Gobierno autonómico de Susana Díaz tuviera que someterse al control de la oposición; a la vez que recordó que la presidenta andaluza no tuvo que atender las peticiones de control del resto de los partidos hasta que consiguió el apoyo de Ciudadanos para su investidura y revalidó el cargo, al entender entonces que «es evidente que dicha labor carece de sentido frente a un gobierno que se limita a la gestión ordinaria de los asuntos». «Ésta es la doctrina parlamentaria que cabe aquí y en el Parlamento de Andalucía», afirmó entonces la número 2 del Ejecutivo, al tratar de poner de manifiesto la «incoherencia» de los partidos presentes en el Congreso, que a la vez que admiten que no pueden realizar mandatos a un Gobierno en funciones reclaman controlar sus acciones políticas pese a que «lo prohíbe la Ley de Gobierno». «No se puede pretender soplar y sorber al mismo tiempo», remachó al respecto. También aludió al ejemplo de Mas, quien no tuvo control a su Gobierno entre las elecciones del 27 de septiembre y la investidura de Puigdemont el pasado 10 de enero.

Las claves

- Nuevos documentos

Pedidos por la Abogacía del Estado para que se incorporen, antes del fallo.

- Antecedente

Se reclama lo relativo al control del Gobierno de Aznar en funciones.

- Próxima semana

El TC decidirá si acepta lo solicitado por los Servicios Jurídicos del Estado.