La Mesa del Congreso no suspenderá a los diputados presos antes del 26-M

El órgano se reunirá hoy pero pedirá un informe a los letrados de la Cámara, lo que retrasará la decisión al menos hasta la próxima semana.

La anomalía de que los presos del «procés» ostenten su condición de diputados mientras se encuentran inmersos en una causa judicial por rebelión, entre otros delitos, se sostendrá en el tiempo. Aunque existe consenso en que un preso no puede ejercer como parlamentario –en base al Reglamento del Congreso y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal– lo cierto es que el mecanismo para articular esta suspensión no está tan claro y no será automático, ni siquiera inminente, como han demandado tanto Pablo Casado como Albert Rivera. Según fuentes consultadas por este diario, dicha suspensión en el ejercicio de sus cargos no se producirá antes de las elecciones del próximo domingo. Estratégicamente nadie quiere tomar una decisión de este calado en puertas de los comicios del 26-M, lo que ha llevado a imprimir una pausa a los tiempos que, en ningún caso, compromete un resultado final que parece claro: las horas de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull como diputados y las de Raül Romeva como senador están contadas. Pero, eso sí, habrá que contar al menos hasta la próxima semana, cuando los grupos ya estarán formados y las portavocías de los mismos asignadas. Lo que podría dotar de más relevancia a los presos que acaben siendo desprovistos de su acta.

La recién nombrada presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no convocó en la tarde de ayer la reunión de la Mesa de la Cámara, como se preveía, y esperará a hacerlo hoy después de departir con su Majestad el Rey Felipe VI en Zarzuela. La cita es a las 11 horas. Después, Batet quiere «sentarse en una mesa y una silla» para ponerse al corriente de los múltiples asuntos que tendrá que acometer en el futuro. Entre ellos y, si cabe, el más espinoso será el de los diputados presos. En todo caso, en la primera reunión, la presidenta pedirá un informe a los letrados de la Cámara, una maniobra –en parte dilatoria, en parte garantista– que dota de mayor solvencia a la resolución final que parece asumida incluso por los miembros de la Mesa más reacios a acometerla, como Unidas Podemos. Los trabajos de los letrados de las Cámaras están ya avanzados, porque la eventualidad de esta situación se previó desde el momento en que concurrieron a las elecciones como cabeza de listas por varias circunscripciones. Una vez emitan su informe, será otra reunión de la Mesa la que lo estudiará y lo pondrá en marcha.

Ha sido el Tribunal Supremo quien ha despejado el balón de la suspensión de los diputados al Congreso. El Alto Tribunal considera que en este caso no solo la ley, sino el Reglamento del Congreso conducen de forma ineludible a una suspensión, y que debe ser el poder legislativo quien los suspenda. El artículo 21.2 del Reglamento establece que «el diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta». Dejando la potestad a la Cámara Baja, el Supremo evita una injerencia del poder judicial en la vida parlamentaria. En un auto, el Supremo apuntó la semana pasada a la Mesa: «Las previsiones normativas del reglamento de ambas Cámaras para el caso de que un diputado o senador resulte procesado y se declare su prisión son bien expresivas».

Esta «expresividad» que reconoce el Supremo también se advierte por los partidos que tienen mayoría en la Mesa del Congreso que debe adoptar la decisión. No hay dudas en el PSOE. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, la consideró «obvia» y cree que deben ser suspendidos porque está contemplado en «el artículo 21» del reglamento de las Cortes. «La prisión preventiva les imposibilita a ejercer su cargo», resolvió. En la misma línea, aunque lamentando el resultado final se expresó el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a su llegada ayer al hemiciclo. En su opinión, los diputados electos deberían poder ejercer sus funciones y «representar a los ciudadanos con libertad», dado que están «en prisión preventiva y no han sido condenados todavía». No obstante, Iglesias matizó a continuación que ante una posible suspensión de los mismos, la Mesa del Congreso tendrá que estar a lo que diga la ley y el Tribunal Supremo. En el caso de Junqueras la decisión no es tan traumática, porque renunciará a su escaño para aceptar el de eurodiputado tras el 26-M.