La orden de la banda: incrementar «la movilización y adhesión social»

Un documento incautado por la Guardia Civil durante la operación contra Herrira del pasado septiembre demuestra la absoluta sumisión de los abogados del «Frente de Cárceles» al «aparato político» de ETA y será aportado hoy, junto con el resto de diligencias, al juez de la Audiencia Nacional, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, que subrayan que dicho documento constituye una prueba fundamental de esa subordinación.

Los jefes terroristas, que firmaban el documento como «Comité de Dirección de ETA, Zuzendaritza Batzordea» (ZUBA), explicaban las líneas estratégicas que iban a regir en el futuro y que no eran otras que la de reservarse para sí la dirección y gestión de un hipotético proceso de negociación, que tenga como fin resolver lo que denominaba «consecuencias del conflicto», ámbito que abarca la situación de sus presos, y que supone mantener el «Frente de Cárceles» bajo su entera responsabilidad.

Eso no suponía que renunciara a vigilar el «proceso» en sus aspectos «políticos», con la realización de aportaciones ideológicas al proyecto de la izquierda abertzale o a colaborar con la cohesión interna y a la unidad de la misma, velando por el legado de su trayectoria terrorista.

El documento, junto con otro, que contenía una comunicación del «Frente de Cárceles» a ZUBA, apareció en el registro efectuado en la sede de Herrira el 30 de septiembre de 2013. Fue intervenido en el puesto de trabajo de Jesús María Aldumberri Urquizu (destacado dirigente de dicha organización) y estaba guardado en una tarjeta micro SD, de la marca Verbatim, con número de serie 002GA51 M7S2120746 TW, de 2 GB.

Pese a que la información contenida en dicho dispositivo había sido eliminada mediante técnicas de borrado seguro, los expertos de la Guardia Civil lo sometieron a «procesos de recuperación forense», y se logró «desenterrar» varios archivos, algunos de ellos encriptados. Entre los textos borrados y después «resucitados» figuraba el ya citado y otro que se había titulado «arduradunentzatbi.doc».

De acuerdo con ambos documentos, ETA marcaba como objetivos principales de sus actividades, en el marco de la nueva estrategia, incrementar la movilización y adhesión social a favor de resolver las «consecuencias del conflicto», impulsando todas aquellas iniciativas «que desgasten la posición de los Estados español y francés, neutralizando sus argumentos contrarios a entablar un proceso de negociación».

Para alcanzar dichos objetivos, la banda admitía que necesitaba del apoyo de las estructuras u organizaciones que se agrupan en el denominado «Frente de Cárceles», que debían desarrollar actividades de movilización y desgaste.

El estudio de ambos documentos por la Guardia Civil constata el papel fundamental del KT del «Frente de Cárceles», ya que, además de contar con cierta autonomía para tomar decisiones con respecto a los presos de ETA, es la vía a través de la cual la banda hace llegar sus directrices y reflexiones al EPPK (colectivo de presos).

Asimismo, se insistía en que dentro del marco general de la estrategia que pretende «estructurar a Euskal Herria como pueblo y desarrollar el proceso popular que tendría el carácter de un proceso constitutivo que tiene como objetivo construir el Estado Vasco», la actividad de ETA tendrá «como horizonte impulsar la acumulación de fuerzas y la movilización social a favor del proyecto, buscando con sus iniciativas romper la estrategia» de los Estados español y francés, impulsar una transición política hacía un «escenario de libertad y superar definitivamente el conflicto armado y sus consecuencias, entre las que incluía el solucionar la situación de sus presos».

Finalmente, para cumplir con los objetivos señalados, ETA consideraba necesario readecuarse organizativamente: priorizar sus aparatos «político» y «logístico» sobre el «militar», además de mejorar las «transmisiones internas», de forma que se impulsaran los debates entre su militancia. Por lo que respecta a la «Comisión de Dirección» (el ZUBA) de la banda terrorista, se indicaba que mantendrá sus responsabilidades, pero que se vería apoyada por un foro más amplio «para tomar decisiones importantes sobre el desarrollo del proceso de liberación».