La propuesta de Urkullu supondría trasladar a 382 presos a Álava

El abogado Íñigo Iruin está en el trasfondo de la operación de traslado de reclusos etarras.

El llamado «Colectivo de Presos Políticos Vascos», el EPPK por sus siglas en euskera, está formado en la actualidad por 382 reclusos, de los que 297 (tres en su domicilio) cumplen condena en España; 83, en Francia; uno en Portugal y otra en Suiza, según datos de Etxerat, el grupo que aglutina a los familiares de los reclusos.

El grupo, según fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN, está profundamente dividido entre quienes tienen por delante el cumplimiento de largas condenas por los numerosos asesinatos cometidos y aquellos que pueden salir de prisión en poco tiempo, o incluso adelantar su excarcelación si se acogen a la legislación vigente.

Pero en lo que todos están de acuerdo es en su acercamiento a la cárcel alavesa de Zaballa. Se trata de una baza que la izquierda abertzale, por su escaso peso político, no puede jugar. Familiares y presos han confiado el asunto al PNV, a Urkullu. Las cosas no pasan porque sí, sino que suele haber una estrategia detrás.

Las operaciones «Jaque» de la Guardia Civil permitieron el desmantelamiento del entramado de abogados que controlaba a los reclusos, con la abogada Arancha Zulueta como figura más prominente. Ahora es, según las citadas fuentes, el letrado Íñigo Iruin el que lleva la batuta desde posiciones absolutamente alejadas a los planteamientos anteriores.

El fin de las actividades terroristas de ETA iba a traer para los presos –eso les dijeron– el mejor de los mundos: primero, el traslado a cárceles del País Vasco y después, la libertad. Y la toma del poder político por la izquierda abertzale. A estas alturas, los reclusos siguen en la cárcel; y el poder político que le queda a la antigua Batasuna ha pasado a convertirse de una preocupación en una buena noticia para los demócratas.

El pasado mes de febrero, el EPPK estaba encabritado con los de Otegi, ya que se sentían traicionados. En un duro comunicado les decían, entre otras cosas, que el «colectivo había visto con sorpresa (...) el triste recorrido de algunos de nuestros ex compañeros, que nos piden que nos arrepintamos, sabiendo que no nos arrepentiremos; nos piden que denunciemos a compañeros, sabiendo que no los denunciaremos; nos aconsejan que digamos lo que no creemos, sabiendo que no haremos semejante cosa».

En la actualidad, el EPPK está «gobernado» por una serie de antiguos cabecillas, presos en Francia y España, mezcla de sanguinarios pistoleros y «políticos», entre los que destacan Ana Belén Egües, Javier Alegría, Jon Olarra Guridi, Miguel Albisu, Mikel Antza y Soledad Iparragirre, alias «Anboto». Varios de ellos fueron en su día máximos jefes de la banda o de sus «comandos». Asimismo, forman parte de la «dirección» sujetos como José Javier Arizcuren, «Kantauri», uno de los etarras con más «carisma».

¿Qué ha ocurrido para que, semanas después de aquel comunicado, el mismo «colectivo» haya emitido otro, con un tono radicalmente distinto, en el que ponen en manos del lendakari Urkullu su traslado a la cárcel de Zaballa, algo en lo que todos están de acuerdo? Las fuentes consultadas ven la mano de Iruin, uno de los personajes más inteligentes de la izquierda abertzale, en el diseño del plan que, por un lado, pone un poco de paz en el «colectivo»; y, por el otro, trata de colocar en una situación incómoda al candidato Mariano Rajoy cuando se entreviste con Íñigo Urkullu.