El desafío independentista

El TC admite el recurso del PSC sobre los plazos para nombrar president

El Pleno de este órgano les da un plazo de 10 días para presentar sus escritos. También acuerda mantener las medidas cautelares acordadas el 27 de enero mientras se decide sobre la eventual pérdida de objeto

Carles Puigdemont, durante una entrevista en RAC1
Carles Puigdemont, durante una entrevista en RAC1larazon

El Pleno de este órgano les da un plazo de 10 días para presentar sus escritos. También acuerda mantener las medidas cautelares acordadas el 27 de enero mientras se decide sobre la eventual pérdida de objeto.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el PSC contra la decisión con la que, el pasado 30 de enero, el Presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, aplazó la sesión plenaria en la que debía llevarse a cabo el debate de investidura del Presidente de la Generalitat.

El TC considera que el recurso cumple con el requisito legal de la especial trascendencia constitucional por dos razones: la primera, que “plantea un problema o afecta a una faceta del derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”; la segunda, que “el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias polÍticas generales”.

En su demanda, el PSC sostiene que el aplazamiento sin fecha de la investidura afecta a la iniciativa legislativa de los diputados del Parlamento de Cataluña y a su función de control al poder ejecutivo, que son elementos básicos del derecho fundamental de los diputados aejercer los cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad, sin perturbaciones ilegÍtimas, tal y como establece el art. 23.2 CE. También denuncia que, de forma indirecta, se habría visto asimismo afectado el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes políticos (art. 23.1 CE) pues quedaría vacío de contenido si se impide a los diputados ejercer sus funciones con todas las garantías.

Además, el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido pedir a todas las partes personadas que se pronuncien sobre la posible pérdida de objeto del recurso del Gobierno contra las resoluciones del presidente del Parlamento de Cataluña que se dirigían a investir a Carles Puigdemont como Presidente de la Generalitat.

Les da un plazo de 10 días para presentar sus escritos. También acuerda mantener las medidas cautelares acordadas el 27 de enero mientras se decide sobre la eventual pérdida de objeto. También admite a trámite el recurso del PSC. El tribunal señala que no se pronuncia sobre las medidas cautelares que solicitaba el partido socialista catalán.

Investidura de Puigdemont

El Tribunal Constitucional evitará pronunciarse sobre la constitucionalidad de la investidura intentada por Carles Puigdemont a finales del pasado mes de enero tras conocer la nueva propuesta de candidato anunciada este martes por el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, en la persona del número dos de la lista del Junts per Catalunya Jordi Sánchez.

El Pleno de este órgano, que tenía sobre la mesa la admisión o no del recurso del gobierno -que tenía en contra el informe del Consejo de Estado- ha acordado concretamente tras cuatro horas de reunión que la designación de Sánchez deja sin efecto la anterior y que por ello ahora procede oír a las partes sobre la posible pérdida de objeto de la iniciativa del Gobierno.

Por otra parte, el tribunal de garantías ha admitido el recurso del PSC contra el bloqueo de la legislatura y estudiará si una situación de bloqueo tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre vulnera el derecho fundamental de los diputados de cumplir con su función legislativa.

No se acogen, sin embargo, las medidas cautelares solicitadas por el PSC para que el TC fijara un plazo para la celebración de Pleno de Investidura en el Parlament o una fecha límite a partir de la cual deba considerarse que ha tenido lugar un "hecho equivalente"a una primera votación, lo que permitiría dejar correr los plazos legales para convocar unas nuevas elecciones.