La UDEF apunta a que el consejero Felip Puig «favoreció» las comisiones de Pujol Jr.

«Las millonarias comisiones que consideramos no justificadas percibidas por Jordi Pujol Ferrusola tienen su génesis en un negocio mayormente involucrado con el área pública de la Administración», que, al menos en el caso concreto de la reforma de la Gran Vía de Hospitalet de Llobregat, por la nada despreciable cifra de 90 millones de euros fue inicialmente concedido –según se publicó entonces– por quien en esos momentos era consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat y actual consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig Godes, cuyo hermano Jordi «participa junto a Jordi Pujol Ferrusola en variopintos negocios, que dejaron pingües beneficios a ambos». Así consta, al menos, en el informe remitido por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien investiga al primogénito del ex presidente de la Generalitat.

De esta forma, añade la UDEF al respecto, «los beneficiados con la adjudicación, las sociedades FCC y Grupo Copisa, de forma indirecta, han derivado millonarios caudales al patrimonio personal de Jordi Pujol Ferrusola en los últimos años, merced a diversas operaciones» relacionadas con el sector inmobiliario.

Ese proyecto urbanístico en Hospitalet comenzó a desarrollarse en el año 2002, cuando una Unión Temporal de Empresa formada por las empresas contratistas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y el Grupo Copisa –que facturó en diversas ocupaciones a empresas de Pujol Ferrusola– consiguió la adjudicación de ese proyecto, donde se iba a construir la nueva Ciudad Judicial. Sobre esta operación, Alejando Guerrero, con quien Pujol Ferrusola tenía relación desde que le conoció por medio de Jordi Puig Godes, señaló que la labor realizada por el hijo del fundador de Convergencia Democrática de Catalunya «se habría ceñido a dar información sobre un solar ubicado en esa plaza de Hospitalet».

La UDEF reconoce que la conexión directa de esa adjudicación concreta con las plusvalías ilícitas «que se presumen gestadas no es posible, porque no existen documentos que así lo indiquen y que carece de sentido requerir».

Las relaciones entre el Grupo Copisa y las adjudicaciones por parte de administraciones públicas aparecen en distintas partes del informe policial remitido a la Audiencia Nacional.

Así, por ejemplo, se recoge cómo esa empresa fue la adjudicataria de las obras de remodelación del Palau de la Música de Barcelona –relacionadas con la presunta financiación de CDC–. Así, Xavier Tauler, quien representaba a Copisa Constructora Pirenaica, compareció en el Parlament de Cataluña en junio de 2010 en la comisión de investigación creada para investigar esa adjudicación.

«Asesorar al propio accionista»

Allí, en la Cámara catalana, además, explicó su relación con una sociedad, Natur System, de la que ya entonces era su presidente, y que fue dirigida anteriormente por Daniel Osacar i Escrig, «ex tesorero del partido político Convergencia Democrática de Catalunya, y desde hace bastante tiempo beneficiada con adjudicaciones de obras públicas».

Por otro lado, la UDEF desvela también algunas de las «peculiaridades» derivadas del cobro de importantes comisiones ilegales, presuntamente, por parte de Pujol Ferrusola. En este apartado, destaca lo relativo a la adjudicación del Grupo Copisa de las obras de una urbanización en Ronda, donde las empresas del hijo del ex presidente de la Generalitat facturaron 1.116.891 euros a Copisa, en tres facturas, por labores de «intermediación».

Al respecto, el informe policial pone de relieve lo contradictorio que supone abonar una cantidad tan alta por conseguir para Copisa esa obras de ubanización, «concedidas por una sociedad en la que el Grupo Copisa es accionista», y en el que figuraba como consejero delegado mancomunado José Cornado Mateu. Pero lo más sorprendente es que quien representó en la firma del contrato a la empresa que adjudicó la obra, Promociones Club de Campo y Golf, fue el propio José Cornado. De esta forma concluye la UDEF, resulta que «es José Cornado quien paga a Jordi Pujol Ferrusola para que negocie con José Cornado la ejecución de unas obras, la nada despreciable cifra de 1.116.891,33 euros».