Los letrados del Congreso dan el "sí" a la ley de amnistía sin valorar si es inconstitucional

A poco menos de 24 horas para que la ley de amnistía impulsada por el PSOE con el apoyo de sus socios independentistas inicie su recorrido parlamentario, los servicios jurídicos del Congreso se han pronunciado ya sobre el texto. La Secretaría General, encabezada por el letrado recién nombrado Fernando Galindo, ha dado su plácet para que la Mesa del Congreso califique este martes la ley y, a partir de ahí, se tramite en el Congreso y en el Senado hasta su aprobación final. Si bien, los letrados tampoco han querido entrar a valorar la constitucionalidad de la proposición de ley y lo dejan en manos del Tribunal Constitucional.

En un informe de 21 páginas, concluyen que el "trámite de calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias no está configurado como un control previo de constitucionalidad": es decir, no corresponde a los letrados decidir si una ley es inconstitucional salvo en "caso excepcional" ya que puede suponer un "quebrantamiento de los derechos fundamentales previstos en el artículo 23 de la Constitución". De hecho, especifican que solo pueden "tumbar" una ley antes de que pase por la Mesa por tres motivos, esencialmente: por cuestiones formales (es decir, que la norma no cumpla con los requisitos reglamentarios); porque "el contenido de la iniciativa se encuentre viciado por una inconstitucionalidad 'palmaria y evidente'"; o, porque "la admisión a trámite no constituya 'un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional'".

El primer paso que sigue una ley que entra en el Congreso es el de la calificación de la Mesa: en este sentido, antes de la propia calificación, los letrados elaboran una nota (no es vinculante) sobre cuestiones jurídicas para que luego la Mesa decida si admite la ley a trámite. En este sentido, la Mesa cuenta con mayoría de izquierdas (cinco miembros de PSOE y Sumar frente a cuatro del PP) y, por tanto, dará el plácet a la ley este martes tras recibir el visto bueno de los letrados. Tras la calificación, se inicia el trámite parlamentario con la apertura del periodo de enmiendas y la elevación a pleno.

A juicio de la Secretaría General, ninguno de los tres motivos para "tumbar" una ley antes de que se tramite se dan con la amnistía. En este sentido, en primer lugar, los letrados consideran que el texto cumple con los requisitos formales porque está en consonancia con el articulo 124 del Reglamento del Congreso (la ley cuenta con una exposición de motivos y los antecedentes necesarios) y con el 126 (está presentada por un grupo parlamentario).

Además, en segundo lugar, los servicios jurídicos no ven "posible concluir que exista una contradicción palmaria y evidente con lo dispuesto" en la Constitución: en concreto, con lo dispuesto en el artículo 62.i) de la Constitución, que prohíbe la concesión de "indultos generales". "No es posible indicar que cualquier amnistía es en sí misma una vulneración de la prohibición de indultos generales, pues el Tribunal Constitucional ha diferenciado de manera clara ambas instituciones", señala el informe de los letrados del Congreso. "En consecuencia, no parecen existir en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional parámetros o elementos suficientes para determinar si se produce una contradicción evidente y palmaria con la Constitución", concluye el informe, evitando así pronunciarse sobre la constitucionalidad de la amnistía.

Finalmente, en tercer lugar, la Secretaría General "no tiene constancia de que exista ninguna resolución" del Tribunal Constitucional que impida tramitar esta iniciativa.

Asimismo, con este informe que da el plácet a la amnistía, el nuevo letrado mayor y secretario general del Congreso contradice a su antecesor en el cargo, que se pronunció en contra de la ley de amnistía que presentó ERC en 2021.