Letrados del Congreso rechazan asumir las comisiones de investigación del "lawfare"

El Congreso puso ayer en marcha las tres comisiones de investigación que ha impulsado el independentismo tras el acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, como todo lo que rodea las cesiones al separatismo, no ha estado exento de polémica por las consecuencias políticas y jurídicas que suelen tener. En este caso, según ha podido saber LA RAZÓN, ha habido letrados que han rechazado formar parte de esas comisiones. Cada comisión incorpora a un miembro del Cuerpo de Letrados de las Cortes para asesorar jurídicamente y, por tanto, también para pronunciarse sobre los límites y la legalidad de determinadas cuestiones que se den, como la citación de comparecientes: los independentistas han puesto en el punto de mira a jueces, a los que acusan de «lawfare».

Finalmente, tras el rechazo de letrados a formar parte de estas polémicas comisiones de investigación, la composición ha quedado de la siguiente forma: la Comisión de la «Operación Cataluña» incorpora como letrados a Manuel Alba y a María José Fernández Ostolaza; la Comisión sobre los atentados de Barcelona y de Cambrils (Tarragona) tiene a María López como letrada; y, la Comisión del «caso Pegasus» estará asesorada jurídicamente por el letrado Pedro Peña. Inicialmente, desde el equipo de Fernando Galindo, letrado mayor del Congreso, se había propuesto alguno de esos puestos a otros letrados, pero se han negado por las derivadas que pueden tener las comisiones de investigación, que han sido puestas en entredicho por el colectivo judicial de forma unánime porque se ha acusado a los jueces de «lawfare» y de «persecución política». Esos mismos letrados del Congreso prefieren guardar el anonimato para evitar quedar salpicados por el tenso clima político.

Lo cierto es que las tres comisiones de investigación han nacido del acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts y ERC y han quedado «manchadas» por la polémica desde el primer momento porque en el documento que firmaron socialistas y posconvergentes se señalaba al colectivo judicial con la siguiente frase: «Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política».

En este sentido, según fuentes parlamentarias, la labor de los letrados es importante y delicada en estas comisiones porque se encargarán de informar sobre los límites y la legalidad de las cuestiones que se llevan a cabo, tanto los temas que se aborden como a los comparecientes que se citen. Cabe recordar que sus opiniones no son vinculantes, pero sí tienen mucho peso para el desarrollo de la actividad parlamentaria. Y, en este caso, con el independentismo situando a los jueces en el punto de mira, las comisiones pueden entrañar muchas situaciones comprometidas.

En todo caso, ayer mismo se constituyeron las tres comisiones, formándose las Mesas, que es el órgano de gobierno. En la Mesa de la Comisión de la «Operación Cataluña», Mari Luz Martínez Seijo (PSOE) será la presidenta y estará rodeada de los diputados del PP Carlos Rojas y Noelia Núñez; del socialista Arnau Ramírez; y, de la diputada de Sumar Aina Vidal. En la Comisión sobre los atentados, el dirigente de Sumar Txema Guijarro será el presidente y estará acompañado en la Mesa por Begoña Nasarre (PSOE), David Serrada (PSOE), Llanos de Luna (PP) y Nacho Martín Blanco (PP). Finalmente, la Comisión sobre el «caso Pegasus» estará comandada por Luis Carlos Sahuquillo (PSOE) y estará rodeado de Enrique Santiago (Sumar), Araceli Poblador (PSOE), Fernando de Rosa (PP) y Agustín Conde (PP).

El presidente de la Mesa de cada una de las tres comisiones ha convocado una reunión para este mismo jueves para acordar un plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus propuestas de trabajo. Las tres comisiones tienen un plazo de seis meses, por lo que las conclusiones podrían estar listas para después de verano.

Cabe recordar que las elecciones catalanas son, como máximo, en febrero de 2025, por lo que los partidos independentistas querrán acelerar todos los trabajos para poder concurrir con algún logro arrancado de esas comisiones en esa cita electoral ya que las tres abordan temas muy sensibles: sobre todo el «caso Pegasus» de espionaje a políticos independentistas durante la etapa de Pedro Sánchez en el Gobierno. La Comisión de la «Operación Cataluña» apunta al Ministerio del Interior durante la etapa de Mariano Rajoy, mientras que la Comisión de los atentados quiere indagar sobre «cuáles fueron las responsabilidades políticas».

ERC y Junts

Junts avanzó ayer que quiere citar en el Congreso a los implicados en las llamadas «cloacas» del Estado que redactaron, dieron credibilidad y difundieron informes falsos para desacreditar al independentismo y, aunque no ha querido avanzar nombres, mientras que ERC ha dejado claro que no le «temblará el pulso» a la hora de diseñar su listado de eventuales comparecientes, ya sean «jueces, políticos, abogados, o lo que sea». Así lo dijeron ayer el diputado de Junts Eduard Pujol y la portavoz adjunta de ERC, Teresa Jordà, en declaraciones en el Congreso.