Hazte Oír ha denunciado ante la Unión Europea el ataque de Pedro Sánchez al derecho de asociación y libertad social en España, por medio de una reclamación presentada ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

La entidad hace referencia a la reforma impulsada por el PSOE que permite la disolución de asociaciones franquistas que un informe del Senado considera inconstitucional al vulnerar el derecho fundamental de asociación, el principio de igualdad ante la ley, la libertad ideológica y de expresión y el derecho a la legalidad en los procedimientos sancionadores.

Ya antes, otro análisis de los letrados del Congreso de los Diputados puso en duda la ley "anti-Franco" del Gobierno por "deficiente técnica legislativa".

Ahora, Hazte Oír apela al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), cuyos principios “garantizan la separación de poderes, la independencia judicial, el acceso a la justicia y la participación ciudadana como derechos fundamentales de los ciudadanos europeos”. Formas de interactuación entre las que, recuerda, “se encuentra el derecho a organizarse libremente a través de asociaciones”.

"Pluralismo ideológico"

Para la entidad que preside Ignacio Arsuaga, estas disposiciones constituyen una “garantía del pluralismo ideológico y de la capacidad de la sociedad civil para expresar, organizar y defender intereses legítimos de forma independiente al poder político”.

Según su denuncia, “cualquier intento de suprimir, limitar o condicionar el ejercicio libre y legítimo de la libertad de asociación supone un ataque directo al Estado de Derecho, a la participación democrática y al compromiso jurídico-político que vincula a todos los Estados miembros con la Unión Europea”. Y afecta además a “doctrina consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Para Hazte Oír, “resulta profundamente preocupante la orientación adoptada por el Gobierno de España al impulsar iniciativas legislativas que, bajo el pretexto de combatir asociaciones contrarias a la mal llamada “memoria democrática”, en realidad persiguen la eliminación de entidades críticas o ideológicamente disidentes respecto al discurso gubernamental”, con el riesgo de que esta reforma sirva para clausurar asociaciones legítimas bajo acusaciones políticas sin base judicial.

Por este motivo, considera que el “uso instrumental del concepto de “memoria democrática” para justificar la exclusión de asociaciones no afines al Gobierno desnaturaliza la finalidad legítima de dicha política pública y convierte al Estado en un censor ideológico”.

Esta propuesta legislativa y el discurso político que la acompaña, asegura la asociación, es “una forma de discriminación indirecta prohibida por el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales”.

Afirma también que “la libertad de asociación no puede estar condicionada al grado de conformidad con la narrativa oficial de ningún gobierno”.

En esta línea, considera Hazte Oír que “proscribir asociaciones por razones de carácter ideológico o simbólico implica un vaciamiento del contenido esencial del derecho fundamental reconocido en el ámbito europeo”.

Forma de proceder que “genera un efecto inhibidor sobre la participación ciudadana, desalienta la creación de estructuras organizadas en defensa del interés general y obstaculiza la fiscalización pública por parte de la sociedad civil”.

"Discursos alternativos"

En alusión a la Fundación Franco, apunta la entidad que “este tipo de legislación, al perseguir selectivamente a entidades que sostienen discursos alternativos al poder constituido, no solo afecta el núcleo del derecho de asociación, sino que compromete gravemente la calidad democrática del Estado, convirtiendo la libertad de asociación en un privilegio dependiente de criterios ideológicos y no en un derecho universal”.

Argumenta Hazte Oír que este tipo de iniciativas legislativas “revelan una estrategia deliberada de instrumentalización del marco jurídico con el fin de restringir y controlar la participación de la sociedad civil organizada”.

El Gobierno pretende así “configurar un entorno normativo en el que las asociaciones que no se sometan al “relato oficial” puedan ser calificadas de revisionistas o apologéticas de discursos prohibidos, sin necesidad de pruebas ni procedimientos judiciales ordinarios”.

Entorno del presidente

“Uno de los objetivos espurios de la reforma es”, continúa la entidad, “desactivar a aquellas asociaciones que, mediante acciones legítimas como es el caso de la acusación popular, han desempeñado un papel clave en la denuncia de presuntos delitos cometidos por miembros del Gobierno”.

Alerta de esta manera de la intención de desarticular organismos que han actuado como acusación popular en causas judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo, como es el caso de los procesos abiertos a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente del Gobierno.

Según su lectura, “la deriva legislativa emprendida por el Gobierno de España no solo vulnera derechos individuales, sino que transgrede los principios fundacionales del proyecto europeo, al desnaturalizar el marco mínimo común que hace posible una comunidad jurídica y política basada en el respeto efectivo de la libertad, el pluralismo, la igualdad y el Estado de Derecho.

Hazte Oír considera que esta reforma no es un asunto interno, sino una cuestión que pone en riesgo la cohesión jurídica de la Unión Europea. Así, señala que tolerar este tipo de medidas en un Estado miembro “erosiona los valores fundacionales del proyecto europeo” y debilita su autoridad moral frente a terceros países.

“El pluralismo político no puede convertirse en una tolerancia selectiva de la disidencia”, afirma. “Si la Comisión Europea no actúa ahora, se abrirá la puerta a una normalización de prácticas autoritarias en el corazón institucional de Europa”

Hazte Oír concluye con un llamamiento ante la necesidad de una “respuesta urgente” por parte de la Unión Europea: “No puede permanecer impasible ante una legislación que, aunque revestida de legalidad formal, revela en su propósito y aplicación un evidente diseño de concentración ideológica del poder y una limitación estructural de los derechos fundamentales”.

La Comisión Europea deberá valorar ahora si el nuevo marco legal español vulnera los principios del Estado de Derecho que rigen en el conjunto de la Unión.