El Gobierno abre otra vía para disolver la Fundación Franco

En su objetivo de que la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) sea anulada de una forma u otra, el Gobierno dio ayer otro paso para facilitar sus intenciones.

El penúltimo conato de disolución depende del Ministerio de Cultura que encabeza Ernest Urtasun, de Sumar, que inició los trámites previos el pasado junio para que el Protectorado de Fundaciones inste judicialmente la extinción de la fundación por las causas que recoge la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Ley de Asociación

No obstante, ante la posibilidad de que la FNFF intente transformarse en asociación para evitar su desaparición, el PSOE ha optado también por impulsar en paralelo la reforma de la Ley de Asociación.

La modificación busca dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que ya preveía la modificación de la ley de asociaciones en este sentido.

En concreto, se va a incluir como causa de disolución «la realización de actividades que constituyan apología del franquismo», bien «ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior», «enalteciendo» a sus dirigentes, siempre que «concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas» del golpe, la guerra o la dictadura o con «incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

Inscripción registral

Y, además, se deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral, toda vez que este se prevé solo a efectos de publicidad.

Otra señal que apunta directamente a la Fundación Franco, que ha modificado en dos ocasiones sus estatutos, la última para dejar claro que «velará por el máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo de la historia de España entre 1931 y 1977, evitando siempre el menosprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares».

En este escenario, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó ayer la reforma de la Ley que regula el derecho de asociación, impulsada por el PSOE para abrir la puerta a la disolución de entidades que hagan apología del franquismo.

El dictamen de la comisión salió adelante con el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu, mientras que el PP y UPN se abstuvieron y Vox votó en contra.

Remisión al Senado

La previsión es que esta norma, que arrancó su tramitación en octubre, sea elevada al Pleno la segunda semana de abril para su remisión a Senado.

Al tratarse de una ley orgánica, necesitará un respaldo de al menos 176 diputados (mayoría absoluta) para su aprobación y remisión a la Cámara Alta, por lo que el PSOE no puede perder a sus aliados.

La iniciativa socialista subraya que la disolución tendrá que realizarse mediante resolución judicial y que corresponderá al Ministerio Fiscal «el ejercicio de la acción en este tipo de procesos».

La semana pasada, a su paso por la ponencia de la comisión, el PSOE y sus aliados parlamentarios (Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG) pactaron una enmienda transaccional que se incorporó al texto y que abre otra puerta a la disolución, esta vez por la vía penal.

«El Ministerio Fiscal valorará el ejercicio de la acción penal de disolución por delitos relativos a derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al delito de asociación ilícita, cuando concurran supuestos de incitación al odio o a la violencia», recoge el nuevo añadido.

"Incomprensible"

Mientras, la Fundación Franco reitera que "resulta incomprensible que se dirijan exclusivamente en contra nuestra”, cuando “cumplimos con fines de interés general, según lo demuestran nuestras actividades y estatutos legalmente aprobados”.

Su presidente ejecutivo, Juan Chicharro, lamenta que "se ignoren otras fundaciones que fomentan el odio y el enfrentamiento entre los españoles, mientras que la Fundación Nacional Francisco Franco nunca ha incurrido en tales prácticas”, apostilla, en referencia a la Fundación Sabino Arana, la Fundación Largo Caballero o la Fundación Federico Engels, entre otras.

En cualquier caso, Chicharro ha declarado en reiteradas ocasiones que, "por supuesto, nos defenderemos en los tribunales”.