Las claves de la reforma de la Ley de Asociación con la que el PSOE pretende disolver las asociaciones franquistas

El Pleno del Congreso debatirá el jueves la aprobación de la reforma de la Ley que regula el Derecho de Asociación, impulsada por el PSOE, y que pretende poner trabas en el camino a las asociaciones franquistas que todavía tienen actividad con la Ley de Memoria Democrática en vigor.

En concreto, el Hemiciclo votará el dictamen aprobado el pasado 25 de marzo por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que consiguió salir adelante con los votos a favor del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y EH Bildu, mientras que el PP y UPN se abstuvieron y Vox votó en contra.

Por este motivo, y al tratarse de una Ley Orgánica, el Gobierno de Pedro Sánchez necesitará obligatoriamente los votos a favor de todos sus socios de gobierno, pues necesitará mayoría absoluta (176 votos) para superar el trámite parlamentario y, una vez logrado,el texto será remitido al Senado para finalizar su tramitación.

El objetivo: eliminar las asociaciones franquistas

La reforma de la Ley de Asociaciones impulsada por el PSOE busca dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que data de octubre de 2022, y que ya preveía la modificación de esta ley en este sentido.

De esta manera, la modificación busca cumplir con lo establecido en la Ley de Memoria Democrática e incorporar como causa de disolución "la realización de actividades que constituyan apología del franquismo", ya sea "ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior" y se enaltezca a sus dirigentes; todo ello bajo el paraguas de que se "concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas".

Y, además, se deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los Estatutos, y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral, aunque se prevé solo a efectos de publicidad.

Además, la modificación pretende servir de contención para que la Fundación Francisco Franco, en el limbo entre la legalidad y la extinción, aunque en los últimos años hayan modificado sus Estatutos en hasta dos ocasiones para continuar existiendo, no pueeda constituirse como Asociación tras la puesta en marcha por parte del Ministerio de Cultura, de Ernest Urtasun, de los trámites para que el Protectorado de Fundaciones ilegalice la Fundación Francisco Franco en base a lo estipulado en la Ley de Memoria Democrática.

Disolución por la vía penal

La iniciativa original de reforma de la Ley de Asociaciones subrayaba que la disolución tendría que realizarse mediante resolución judicial y que correspondería al Ministerio Fiscal "el ejercicio de la acción en este tipo de procesos", pero en la fase de ponencia en la Comisión Constitucional se introdujo una nueva vía para esa disolución a través de una enmienda pactada por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG, que abría la puerta a la disolución por la vía penal.

"El Ministerio Fiscal valorará el ejercicio de la acción penal de disolución por delitos relativos a derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al delito de asociación ilícita, cuando concurran supuestos de incitación al odio o a la violencia", recoge esa enmienda.

Además, esta permite reconocer la "legitimación activa" en esta materia a las asociaciones, entidades o personas jurídicas que tengan como fines la defensa de la Memoria Democrática y de las "víctimas del golpe de estado de 1936 y de la dictadura".