Los TSJ exigen también a los poderes públicos respeto a la independencia judicial

Los llamamientos a respetar la independencia del Poder Judicial no cejan desde que se produjo la concentración multitudinaria en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el pasado día 13, cuando declararon la ex viceconsejera del Gobierno autómico Joana Ortega y la ex consejera de Educación Irene Rigau por un delito de desobediencia, en relación con la consulta soberanista del 9-N dle pasado año.

En un primer momento, fue la Sala de Gobierno del TSJ catalán, horas después, el Consejo General del Poder Judicial, y ayer mismo los presidentes de tribunales superiores de Justicia. En la reunión anual que celebraron en Bilbao adoptaron una declaración institucional en la que se hace un llamamiento a no interferir en la actuación judicial de los procesos: «La independencia judicial no es un privilegio de los jueces sino una garantía para los ciudadanos. Es obligación de todos respetarla, muy especialmente de los Poderes públicos. Toda actuación que se realice en detrimento de esta independencia judicial supone un ataque al Estado de Derecho».

En este sentido, destacan que en una sociedad democrática el Poder Judicial es esencial para garantizar el Estado de Derecho, y preservar los derechos de los ciudadanos, los cuales esperan que la actuación del mismo se desarrolle "en un marco de independencia y que los jueces actúen «con imparcialidad, eficacia y respeto para el justiciable, destinatario al fin del derecho fundamental a la tutela judicial».

Junto a ello, los presidentes de tribunales superiores valoran positivamente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo que se refiere a la generalización de la doble instancia penal, aunque advierten que con la actual plantilla que tienen en las salas de lo Civil y Penal no se podrá, con carácter general, llevar a cabo «la debida implantación de la reforma».

Además, reclaman que se lleve a cabo las reformas necesarias para que los tribunales superiores de Justicia supongan realmente la «culminación» de la organización judicial en las comunidades autónomas.

"Inquietud por los plazos de instrucción"

Por otro lado, también se han pronunciado sobre la polémica suscitada por la entrada en vigor de la reforma que fija en 6 y 18 meses el plazo para finalizar la instrucción de las causas, en función de si es calificada como «sencilla» o «compleja», criticada por asociaciones judiciales y fiscales. Al respecto, los principales responsables de los tribunales superiores comparten la necesidad de acortar la duración de la fase de instrucción penal, si bien muestran su «inquietud porque dicho objetivo se quiera alcanzar mediante la simple fijación legal de límites temporales a dicha instrucción, sin que dicha previsión vaya acompañada de la dotación de medios humanos y materiales necesarios para garantizar la respuesta»