Los vigilantes privados podrán identificar y detener en la vía pública

El Congreso de los Diputados dio ayer el visto bueno al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que será remitido al Senado e incluye algunas novedades con respecto al texto inicial, como la posibilidad de que los vigilantes privados puedan, con la autorización pertinente, identificar y detener en la vía pública.

Ocho meses después de que el Gobierno aprobara el primer borrador de la ley, la Comisión de Interior del Congreso debatió ayer el texto en el que se han incluido 109 enmiendas de las 286. El proyecto contó con el apoyo del PNV y CiU y con el rechazo del PSOE, Izquierda Plural y UPyD.

Según destacó el encargado de presentar el texto en la comisión, el diputado del PP Francisco Márquez, dicha norma trata de «poner al día», tras 20 años de legislación, la normativa vigente. En concreto, la ley no regulaba con anterioridad la seguridad privada con las Fuerzas de Seguridad en el que se establece ahora un marco de colaboración profesional entre las empresas y su personal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se autoriza la cesión de datos, la conexión de los servicio para comprobar las informaciones en tiempo real además de los límites que tiene la seguridad privada con respecto a la pública.

El texto permite a las empresas y a su personal dedicarse a la vigilancia de los exteriores de las cárceles, una función que tradicionalmente han cumplido los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado, la de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), servicios de seguridad perimetral, vigilancia en polígonos además de la detención de personas en la vía pública para su entrega a Policía o Guardia Civil.

También incorpora la creación de un nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada con la finalidad de inscribir de oficio todos los datos relativos a las empresas y al personal de seguridad, incluídas las sanciones, que vendría a superar el actual registro de empresa de seguridad que sólo se limita a la inscripción de los requisitos exigidos a dichas empresas para desarrollar su actividad.

El portavoz del PSOE en la comisión de Interior, Antonio Trevín, mostró su oposición con el texto sobre todo en lo que se refiere al artículo 41 de la ley que dicen se ha pactado entre PP y CiU– aunque ya estaba en el texto aprobado por el Consejo de Ministros–, referida a las competencias de las empresas de seguridad privada. Indicó que «rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público que ampara la Constitución» y criticó que las funciones de Policía y Guardia Civil «podrán ser ejercidas indistintamente por ellos o por la seguridad privada» y el criterio será que resulte o no más «barato», dijo.

Según la enmienda incorporada al texto, la nueva norma permitirá a los vigilantes no sólo identificar, cachear y detener a los delincuentes o infractores en zonas comerciales peatonales como puede ser la calle de Preciados de Madrid o en espectáculos deportivos o culturales, sino también en cualquier espacio público con la autorización pertinente. De acuerdo con esto, los vigilantes sólo pueden detener a quien acaba de cometer un delito; sólo si lo ha cometido en el ámbito de su protección (el lugar protegido) y han de poner al delincuente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no podrán proceder a su interrogatorio. Esto es algo que ya se venía haciendo con anterioridad.

La seguridad privada cuenta con un colectivo de 85.000 trabajadores para los que el texto trata de proteger, con la misma calificación penal que las vejaciones a los agentes de la autoridad, las agresiones y desobediencias que sufran cuando actúen, debidamente identificados y en coordinación o bajo el mando policial.

Novedades de la Ley de Seguridad

- El personal de seguridad privada puede realizar servicios que hasta ahora sólo podrían realizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes como la vigilancia perimetral de centros penitenciarios, centros de estancia controlada de extranjeros, así como de otros edificios u organismos públicos.

- Se refuerza la colaboración profesional entre las empresas y su personal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se autorizan las cesiones de datos y la conexión de los servicios para comprobar las informaciones en tiempo real y el profesorado deberá tener la acreditación pertinente.

- Se crea el nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada. Se definen las funciones de los trabajadores y las agresiones y desobediencias que sufran los vigilantes privados cuando actúen tendrán la misma calificación penal que si hubieran sido cometidas contra agentes de la autoridad.