Manos Limpias pide al CGPJ que expediente el juez Pedraz por ordenar el bloqueo de Telegram

El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia contra el juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz por ordenar el bloqueo de la red social de Telegram, una decisión que posteriormente corrigió tras recibir unos informes policiales. En el escrito, enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se acusa al magistrado de haber incurrido en una falta muy grave y le solicita que le abra un expediente.

En el texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, también se indica que si de las diligencias que practique el órgano de gobierno de los jueces en el marco del expediente se deduce que existen indicios de un presunto delito de prevaricación judicial, se ponga en conocimiento de los tribunales correspondientes.

El documento está firmado por el secretario general de la organización, Miguel Bernad. En él se acusa al juez Pedraz de haber causado "un tsunami de alarma social, nacional e internacional” tras solicitar el bloqueo de Telegram, una decisión que se interpretó como una “amenaza” para "más de ocho millones” de usuarios.

Para la organización, la decisión del magistrado ha sido un “disparate jurídico” que corrigió al suspender la medida, después de que se conocieran diversos "anuncios de querellas” y bajo el argumento de que ´necesitaba contar con “un informe policial”.

Según el sindicato Manos Limpias, la solicitud de suspensión dictada inicialmente por el juez de la Audiencia Nacional supuso la adopción de “una resolución extralimitándose de sus competencias” y le acusa de haber “retorcido” la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que regula las competencias de la Audiencia Nacional y de no tener en cuenta “la proporcionalidad de la medida”.

La denuncia también señala que Pedraz, al adoptar esta medida, "no tuvo en cuenta los derechos fundamentales de millones de usuarios de Telegram, dejándole sin posibilidad de poder defenderse por la medida cautelar que pretendía”.Asimismo, señala que no “estableció una caución para adoptar tal medida” en un proceso en el que, según el escrito de denuncia, Telegram ni siquiera era parte “ni como investigado ni con responsabilidad civil”.

Para la organización, la orden de bloqueo fue indiscriminada porque afectó a millones de usuario y porque no se dirigió únicamente al contenido ilegal. A su juicio, esto provocaría una“interferencia arbitraria en los derechos de los propietarios de dichos sitios Web”.

De acuerdo con la denuncia de Manos Limpias, la decisión del juez Pedraz de rectificar su resolución supone un reconocimiento implícito de que "no ha actuado con la aplicación correcta de las reglas procesales”, por lo que considera que ha cometido una falta muy grave, de acuerdo a los que establece el art. 417 de la LOPJ.

Bloqueo de Telegram

El viernes 22 de marzo, se conocía la orden del juez Santiago Pedraz de bloquear Telegram como medida cautelar para evitar la reproducción de contenidos audiovisuales sin autorización, tras la denuncia presentada por Atresmedia, Mediaset y Movistar Plus.

Al día siguiente, el magistrado daba tres horas de plazo a una decena de operadoras de telecomunicaciones y de acceso a Internet para impedir el acceso a la aplicación de mensajería, desde el momento en el que reciban la notificación de la orden judicial. Al ser un día sábado, se preveía que esto no ocurriera hasta el lunes 25 de marzo, según aclararon fuentes jurídicas a este periódico. La resolución del magistrado estimaba que "no existe otra medida” para impedir que se continuaran vulnerando los derechos de propiedad intelectual. Además, acordó prorrogar la investigación durante seis meses más.

Sin embargo, el caso dio un giro de 180 grados. Precisamente 72 horas después de su primera orden de bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea, el lunes 25 de marzo dio marcha atrás. Pedraz optó por dejar sin efecto la suspensión cautelar, una decisión que adoptó tras analizar un informe policial en el que se advertía de las consecuencias para millones de usuarios y de los efectos económicos de esta medida. Solo entonces, el instructor consideró “excesiva” y “no proporcional” el cierre de la app por la afectación masiva que tendría.

De acuerdo con el magistrado, Telegram había ignorado durante meses sus requerimientos para que aportase información sobre los titulares de las cuentas que vulneran el derecho a la propiedad intelectual de las empresas de contenidos audiovisuales denunciantes. Y reiteró que la causa necesita la información que solo esta red social puede facilitar.