La Ley de Memoria Democrática, más conocida como «ley de nietos» en el ámbito hispanoamericano, habilitó en 2022 la posibilidad de tramitar la ciudadanía española a miles de familiares de quienes fueron perseguidos durante la Guerra Civil o en los años del franquismo.

El plazo para solicitarla era, inicialmente, de dos años a partir de octubre de 2022, cuando la norma entró en vigor. Pero la demanda fue tal que se resolvió prorrogar un año más la posibilidad de solicitarla. El 22 de octubre será el último día habilitado para recibir los formularios y la documentación.

Hasta el momento, se han realizado 876.321 solicitudes «y se ha dado el visto bueno a cerca de 240.000 nacionalidades» a descendientes de exiliados republicanos en virtud de lo dispuesto en la Ley de Memoria, según ha anunciado el ministro responsable del área, Ángel Víctor Torres.

El 27% de las presentadas

En declaraciones realizadas durante una visita a las Oficinas de Extranjería de Las Palmas de Gran Canaria, Torres detalló que las solicitudes de nacionalidad concedidas hasta la fecha representan el 27 % de todas las presentadas, informa Efe.

Y benefician, recordó, «a los nietos e hijos de personas que tuvieron que salir de España a otros países, fundamentalmente a América Latina, en los años de la Guerra (Civil) y la dictadura».

La mayor parte de ellas, detalló, se han cursado desde Argentina.

El procedimiento lo abrió la Ley de Memoria Democrática de 2022, que establece lo siguiente en una de sus disposiciones adicionales: «Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil».

Además, señala otros supuestos como, por ejemplo, para los descendientes nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Las encargadas de llevar a cabo la tramitación de estos expedientes son las oficinas consulares de España en los distintos países, recordó el ministro Torres.

Hasta finales de noviembre de 2024 se recibieron un total de 351.266 solicitudes, casi 125.000 más que desde la entrada en vigor a finales de 2023.

Oficinas consulares

Más de un 95% se presentaron en las oficinas consulares de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami (Estados Unidos). En concreto, los cinco consulados en Argentina representan un 40 % de las solicitudes totales.

Si se suman las cursadas en La Habana, las peticiones procedentes de Argentina y Cuba, superan el 53 por ciento.En cifras globales, el 12,24 por ciento de las solicitudes se tramitaron en Cuba; el 10,97 por ciento, en Brasil, y el 9,71 por ciento, en México.

Le siguen Chile, con el 5,04 por ciento de las peticiones y Venezuela, donde se gestionaron el 2,45 por ciento del total de peticiones para tramitar la ciudadanía española.

Durante este proceso, el Consejo de Transparencia apercibió por dos veces al Ministerio de Asuntos Exteriores para que aportase las circulares que envió a los consulados españoles de todo el mundo relativas a los procesos de nacionalización. José Manuel Albares dio la orden de «agilizar» los trámites ante la avalancha de peticiones en el exterior que se esperaba y se ha confirmado con el tiempo.