Máxima presión del independentismo a la Fiscalía General del Estado

Los abogados de los líderes separatistas pedirán de nuevo su liberación la semana próxima.

La cumbre Estado-Generalitat que tuvo lugar el lunes en La Moncloa dejó claros dos extremos: que si bien el independentismo aparca el referéndum, al mismo tiempo está dispuesto a redoblar la presión hacia el Gobierno para que propicie la revisión de la situación de los presos del «procés». El propio Quim Torra llamó a Pedro Sánchez a frenar la ofensiva «judicial» y «política» contra el soberanismo y el jueves, en la reunión de segundo nivel que mantuvieron Carmen Calvo y Pere Aragonés, el vicepresidente catalán reiteró la necesidad de sacar el «procés» de los tribunales y derivarlo a una mesa de negociación política, utilizando todos «los instrumentos a su alcance» para «aligerar esta situación». Los instrumentos a los que se refería Aragonés son la Fiscalía, que presentó la querella contra los miembros del Govern, y la Abogacía del Estado, personada como parte en varios procedimientos que guardan relación con la misma causa.

Ayer la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, insistió en esta vía, señalando que –tras la decisión de la justicia alemana sobre el ex president Carles Puigdemont– es un «buen momento» para que la Fiscalía aproveche la «oportunidad» para dar un «giro» en su postura hacia los encausados por el «procés» de cara a los juicios que, como pronto, podrían celebrarse en otoño. La portavoz llamó al Ministerio Público a «rectificar en su actitud de seguir persiguiendo a líderes políticos». «Tienen una ocasión, que veremos si desean aprovechar o persistir en el error» tras la «desautorización en toda regla» que la Justicia alemana dio a Llarena y a la Fiscalía, destacó.

El papel del Ministerio Público es clave en dos sentidos: deberá pronunciarse sobre la puesta en libertad de los presos, una vez finalizada la instrucción y ante la petición de las defensas, y tendrá que retratarse cuando presente su escrito de acusación, en el que deberá precisar los delitos que imputa a cada procesado y las penas que solicita para ellos. En este escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía tiene que decidir si mantiene la acusación de rebelión para los líderes del «procés» y, asimismo, incluir la petición de pruebas a practicar en la vista.

La presión a la Fiscalía también provino ayer de los abogados de los líderes independentistas encarcelados. Las defensas cerraron filas y anunciaron conjuntamente una nueva solicitud de excarcelación de sus defendidos para la semana que viene. El principal motivo que esgrimieron fue la resolución judicial de Alemania que ha eximido a Puigdemont de ser extraditado por el delito de rebelión, algo que consideraron que puede reforzar sus posiciones, aunque no escondieron que también han alimentado sus esperanzas el cambio en la dirección de la Fiscalía General del Estado y la conclusión de la instrucción –las peticiones de libertad ya no irán dirigidas al juez Llarena–.

En este sentido, los letrados de los políticos presos reclamaron a la nueva fiscal general María José Segarra que plasme el cambio de Gobierno en el proceso judicial y dé un vuelco a la causa con una rebaja en los «planteamientos». «Esto ayudaría a mejorar el prestigio de las instituciones judiciales españolas», aseguró Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. En lo que sí convinieron todos los abogados es que no se proponen pactar con la Fiscalía ya que defienden la inocencia de sus clientes y tienen previsto asumir cualquier condena para después poder ir a denunciar a España al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.