La inmigración se está convirtiendo en el gran asunto a tratar del debate político y ahora amenaza con tensionar también las relaciones dentro del propio Gobierno. Fuentes del ala socialista del Ejecutivo explican a LA RAZÓN que no ven viable la idea de regularizar vía decreto a más de medio millón de inmigrantes, tal y como deslizó ayer Sumar.

Prefieren, dicen desde Moncloa, que se apueste por sacar adelante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para ese fin que, en realidad, lleva varada en el Congreso de los Diputados desde hace más de un año. Esto, sin embargo, tampoco parece viable por los discursos cruzados entre los distintos grupos y el choque de trenes entre compañeros del Consejo de Ministros se asoma como algo inevitable.

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, puso el asunto ayer sobre la mesa prácticamente por sorpresa. Estaba valorando el acto del PP del fin de semana en el que el partido de Alberto Núñez Feijóo propuso un visado para migrantes por puntos, cuando dijo que "al racismo se responde con hechos" y que "reclamamos que la regulación extraordinaria de más de medio millón de personas se apruebe antes de que termine el mes de octubre".

Por sus palabras parecía que se refería a la ILP, pero luego enfatizó que "se tiene que producir", ya sea a través de la iniciativa parlamentaria o a través "de otros mecanismos". "Las cuestiones técnicas no nos interesan, lo que nos interesa es que se produzca cuanto antes", comentó, "la regularización de medio millón de migrantes puede hacerse por múltiples vías", añadió.

Aunque Hernández evitó deliberadamente confirmarlo, la única posibilidad para regularizar a tanta gente y en ese plazo, menos de un mes, es a través de un decreto. Se trataría de lo mismo que ya hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, también para dar documentación a más de medio millón. De apostar por esa vía, no requeriría ser convalidado en el Congreso porque no se estaría modificando ninguna ley y el Ejecutivo no se toparía con el voto en contra de Junts o del PP.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Inclusión consultadas por este diario enfrían esa posibilidad y mandan a Sumar a trabajar en la Cámara Baja, sin atajos. "El Gobierno siempre ha defendido que el debate y la negociación de esta iniciativa se produzca en sede parlamentaria y que todos los grupos tengan oportunidad de pronunciarse", aseguran.

"La ILP es un asunto que se está debatiendo en el Congreso. La ministra, Elma Saiz, mostró su apoyo a la ILP y conminó la semana pasada a los grupos a posicionarse en el Congreso, que es el escenario propicio para ello", insisten.

Y añaden: "La postura oficial a este respecto se rige por las pautas e iniciativas marcadas por el presidente del Gobierno y por Ministerio de Migraciones, no por las opiniones de ninguna fuerza política". Además de descartar la vía del decreto, al calificar a su socio de Gobierno como una mera "fuerza política", desde el ala socialista del Consejo de Ministros también muestran su enfado por el hecho de que Sumar haya optado por esa vía de presión.

Pero el principal problema a lo propuesto por Moncloa es que esa ILP no muestra ningún signo de que pueda avanzar en su tramitación. Tras un año parada en la Cámara Baja, el Gobierno intentó acelerarla justo antes de verano, después de una serie de fallos en el reglamento de la Ley de Extranjería, y la postura de los distintos partidos demostró que es inviable.

Por un lado, el PP y el PNV buscan poner como condición la tenencia de algún tipo de contrato de trabajo. Por otro, Junts sólo lo apoyaría si se produce el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña, asunto que decayó la semana pasada en el Parlamento. Y los distintos socios de izquierda no ven bien el marco temporal que proponía el Ministerio. Moncloa quería regularizar a todos aquellos migrantes que hubieran llegado a España antes de 2025, mientras que los otros partidos apuestan por regularizar a todos aquellos en España en el momento en el que se aprobase la ILP.

A pesar de que, por lo menos, el tema estaba sobre la mesa, el informe de la UCO sobre Santos Cerdán y los incendios revolucionaron la política en verano y no se volvió a hablar entre partidos de la regularización. Ahora, todos están en modo electoral y es muy difícil llegar a consensos.

Se vio la semana pasada, cuando Podemos lo volvió a intentar por última vez. La formación de Ione Belarra ofreció a Junts su apoyo para ceder las competencias migratorias a cambio de que los posconvergentes dieran su apoyo a la ILP. Los morados consideraban la transferencia de competencias una medida "racista" e intentaron un gesto a cambio. Si lo hubieran logrado, habría bastado para aprobarlo.

Pero ya se ha visto que no dio sus frutos, precisamente, porque los de Carles Puigdemont están endureciendo su discurso migratorio. Están viendo cómo Aliança Catalana crece en las encuestas, en parte a su costa, precisamente enarbolando un discurso xenófobo.