Queda menos de un mes para las elecciones autonómicas en Extremadura. Las perspectivas electorales del PSOE, cuyo candidato está procesado en el caso que afecta al hermano del presidente del Gobierno, no son halagüeñas. Pero el Gobierno ha salido este martes al rescate. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una inversión de 752 millones para impulsar en Trujillo una planta del sector de los chips.

Se trata de una de las mayores operaciones industriales de la legislatura: una fábrica de alta tecnología en pleno corazón de Extremadura. Una apuesta, según ha desvelado la ministra portavoz, de 2.350 millones que, según los cálculos del Ejecutivo, será capaz de emplear a más de 2.100 trabajadores en una comunidad castigada durante décadas por la despoblación y la "desindustrialización", una palabra que se le ha atascado a Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo recurre a los fondos europeos e inyectará 753 millones del Perte Chip —de los fondos de reconstrucción poscovid—- El resto, unos 1.600 millones, los pondrá una empresa estadounidense respaldada por capital de Silicon Valley.

No es una inversión cualquiera. Primero, porque España quiere exhibirse como un destino fiable en plena bonanza macroeconómica. Y segundo, porque Extremadura aparece desde hace años en el vagón de cola de los indicadores de riqueza. Hace tiempo que la comunidad perdió el tren de las oportunidades.

Por eso, en Moncloa han puesto en valor esta operación. Diamond Foundry, la compañía, pretende fabricar diamantes sintéticos para la industria del microchip, un sector donde se mueven actores del calibre de Nvidia.

La promesa electoral que el PSOE usará en campaña es empleo cualificado, bien pagado y con capacidad para retener talento, a diferencia de lo que ocurrió tras la crisis de 2008, cuando miles de jóvenes se vieron obligados a hacer las maletas. Nadie en el Ejecutivo ignora el valor político de anunciar una inversión de este calibre en plena precampaña.

Para el Gobierno, este tipo de proyectos —como las gigafactorías de baterías en Valladolid, Zaragoza o Sagunto— funcionan como antídoto frente a la polarización y la inestabilidad institucional. Con un Parlamento convertido en una carrera de obstáculos, Moncloa quiere hacer valer que, pese al desgaste y la falta de apoyos, aún puede mover la aguja económica con inversiones estratégicas.